Sala de Casación Penal realiza audiencia por caso UPAD siguiendo protocolos de seguridad sanitaria. 

  • Audiencia se lleva a cabo de acuerdo con la normativa aplicable a los procesos en investigación que involucran Supremos Poderes.

 

 La Sala de Casación Penal realizó una audiencia privada bajo la modalidad presencial en cumplimiento con los protocolos del Ministerio de Salud y del Poder Judicial, emitidos con el fin de resguardar la salud de las personas intervinientes en la diligencia judicial.

 

La audiencia se realizó ayer jueves 27 de agosto de 2020 a partir de las 8:30 am y finalizó al ser las 8:00 pm siguiendo los protocolos sanitarios necesarios para garantizar las condiciones adecuadas, como limpieza, desinfección, distanciamiento entre personas y el uso constante del alcohol y alcohol en gel.

 

La diligencia fue presidida por el magistrado Álvaro Burgos Mata, acompañada por la magistrada Sandra Zúñiga Morales, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas y los magistrados suplentes, Rafael Segura Bonilla y Jorge Desanti Henderson.

 

La audiencia se desarrolló con apego a los principios procesales que rigen este procedimiento. Los magistrados y magistrada escucharon las posiciones jurídicas del Ministerio Público, querellantes y la defensa técnica de las personas imputadas en esta causa.

 

El magistrado Álvaro Burgos señaló que la audiencia se realizó con eficiencia y el orden necesario, en respeto absoluto del debido Proceso y brindándole ampliamente la posibilidad a todas las partes interesadas de plantear sus argumentos, lo cual constituye un ejercicio democrático, propio del Estado de Derecho garantizando la continuidad de la administración de justicia, aún en tiempos de pandemia, por lo que es elemental el resguardo de la salud del personal judicial y de las partes actoras de los procesos judiciales.

 

Al ser esta audiencia de carácter privado por disponerlo así el Código Procesal Penal, artículo 295, los argumentos de las partes procesales expuestos en la misma no pueden ser publicitados.

“ARTÍCULO 295: Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participan de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tienen conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave ”.

 

 Fuente: Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

28 de Agosto de 2020.

"Damos respuestas ante la emergencia sanitaria para salvaguardar los derechos de las partes"

  

  • Presidenta de la Sala de Casación Penal, Magistrada Patricia Solano.

 

 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se realizó este 20 de agosto, su tercera audiencia de forma oral por medios tecnológicos, a través de la plataforma "Microsoft Teams", ante la crisis sanitaria por el Covid-19.

 

La audiencia era un procedimiento de revisión, en un caso de vulnerabilidad por ser la persona imputada adulta mayor con múltiples padecimientos de salud, por lo que la defensa técnica se trasladó hasta donde se encuentra esta persona condenada para asistirla en todo momento y respetar las garantías procesales y el derecho de defensa.

 

La Presidenta de la Sala de Casación Penal, Magistrada Patricia Solano Castro aseguró que la realización de audiencias virtuales es una manera para continuar avanzando en los procesos y que no se detenga la justicia como un servicio público esencial.

 

“Damos respuestas dentro de esta emergencia sanitaria para salvaguardar los derechos de todas las partes”, agregó la Magistrada Solano.

 

 Fuente:  Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional,  Sección de Prensa.

20 de agosto de 2020

 

Inicia especialización de operadores de justicia en crimen organizado. 

  • Poder Judicial lleva un cabo primera capacitación del Proyecto Corte / FIU Fortalecimiento de la Respuesta Judicial ante la Delincuencia Organizada de Costa Rica ”, bajo la modalidad virtual.

 Jueces, juezas, personal de la Defensa Pública, del Ministerio Público y la Policía Judicial iniciaron el programa de capacitación de especialización sobre crimen organizado.

 

El curso, denominado "Ciberdelincuencia en el mundo globalizado", dio inicio este miércoles 29 de julio, y lo está impartiendo el jurista nacional, Alfredo Chirino bajo la modalidad virtual. Contempla nueve sesiones y finaliza el próximo 21 de agosto.

 

Esta es la primera actividad dentro del “Proyecto Corte / FIU Fortalecimiento de la Respuesta Judicial ante la Delincuencia Organizada de Costa Rica”, que realiza el Poder Judicial con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos y la participación de la Universidad Internacional de la Florida en el desarrollo de las diversas fases del proyecto, todo ello como parte de las acciones para la futura implementación de las Leyes leyes N ° 9481 “Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica” y N ° 9769 “Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada ”, para atender la necesidad de especialización en un fenómeno criminal cada vez más complejo y siempre cambiante.

 

En el acto de apertura, la magistrada Sandra Zúñiga Morales, coordinadora de la Subcomisión de Delincuencia Organizada, destacó que la especialización de las y los operadores de justicia en esta materia es requerimiento vital y un requisito legal para quienes vayan a laborar en la jurisidicción de Delincuencia Organizada.

 

“La especialización es una urgencia porque nuestros países sufrimos el embate de la complejidad delictiva de estas estructuras criminales, cada día más sofisticadas, violentas y con una facilidad enorme de mutación”.

 

En el acto se contó con la participación de los representantes de la Embajada de los Estados Unidos, y de la Universidad Internacional de Florida, con el apoyo técnico de la Escuela Judicial y la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial.

 

 Fuente:  Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional,  Sección Prensa.

31 de julio de 2020  

Se rinde informe del I Semestre 2020 del Proyecto

Corte-Embajada USA-NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del Proyecto de Cooperación Internacional Corte-Embajada USA-NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa, financiado por la Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica, el pasado 16 de julio, la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa, realizó de manera virtual la reunión de rendición de cuentas, en la que se informó sobre los productos finalizados, las labores de avance y los retos superados en el proceso de ejecución de este Proyecto, durante el primer semestre del presente año 2020.

  

Durante este encuentro, se contó con la participación de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia     y Presidenta de la Sala de Casación Penal, la Magistrada Patricia Solano Castro; el Magistrado de la Sala      de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, el señor Gerardo Rubén Alfaro Vargas, el Magistrado de la Sala de Casación Penal, señor Álvaro Burgos Mata, en su condición de Coordinador de la Subcomisión Penal Juvenil; el señor Jacob Doty, subdirector de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en América y personal de dicha oficina; el señor Timothy Huges y la señora Rachel Abrego, representantes de las Oficinas Centrales de National Center for State Courts (NCSC); los señores Juan Carlos Astúa y Javier Rodríguez, representantes de NCSC en Costa Rica. Además de ello, se contó con la participación del equipo contraparte del proyecto conformado por las personas representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Departamento de Trabajo Social y Psicología, Escuela Judicial, Organismo de Investigación Judicial (Sección Penal Juvenil), la Dirección de Planificación y la Dirección de Tecnología de la Información; así como la presencia de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.

 

La Magistrada Solano Castro, agradeció a la Embajada de los Estados Unidos de América y a NCSC por el apoyo que brindan para hacer realidad estos grandes proyectos, y recalcó el compromiso del Poder Judicial de continuar con el arduo trabajo para cumplir con éxito los objetivos planteados.

 

Como parte de las labores realizadas se destacaron: la elaboración del Protocolo de Interacción con la Policía Judicial, del Protocolo de Inserción Sociolaboral; la Matriz de Factores de Riesgo y Factores Protectores; videos de capacitación para Justicia Juvenil Restaurativa; página web dirigida a personas menores de edad; reimpresión de protocolos de actuación en Justicia Juvenil Restaurativa; así como talleres virtuales dirigidos a personas funcionarias del Poder Judicial y a instituciones que conforman la Red de Apoyo Intersectorial de Justicia Restaurativa, en los temas de atención de personas con discapacidad, y los derechos y deberes de las personas menores de edad en los procesos juveniles restaurativos.

 

También, se explicaron los desafíos para la ejecución del Proyecto ante la emergencia sanitaria por COVID-19, y las estrategias desarrolladas para afrontarlos, se reconoció que la superación de los retos ha sido gracias al trabajo colaborativo realizado por todas las oficinas intervinientes.

 

 Fuente: Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

30 de julio de 2020.

 

“Hemos adoptado acciones para brindar y proteger nuestro sistema de injerencias indebidas”

02 de julio, 2020

La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, expuso sobre la “Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial: Retos y Oportunidades para la Administración de Justicia”.

La jerarca fue parte de los panelistas del foro internacional “De la declaración de intereses a la era de la gestión del conflicto de interés para la transparencia e independencia judicial”.

La Magistrada Solano Castro señaló la relevancia de una adecuada gestión de los conflictos de intereses en el cargo público y concretamente en el Poder Judicial, donde se evidencia el compromiso serio que mantiene la institución de fortalecer la independencia judicial en la administración de justicia, la transparencia y la lucha contra la corrupción, temas que se potencian en medio de la crisis sanitaria que enfrenta el mundo entero.

“Sabemos que el Estado Democrático y Constitucional de Derecho, nos exige la implementación de actuaciones eficaces, íntegras y transparentes en el ejercicio de los puestos públicos, siendo para nuestro caso la función de administrar justicia, lo cual solamente se logra con la implementación de medidas y disposiciones por parte de las autoridades judiciales, siendo que se hace imperativa la congruencia entre nuestra vida privada y función pública, dando ejemplo de lo que significa conducirse bajo los principios de la ética y los valores de la integridad y transparencia”, aseguró la Magistrada Patricia Solano Castro.

Según indicó la Vicepresidenta de la Corte, el régimen de conflictos de interés busca delimitar la actuación judicial, sea jurisdiccional o administrativa, dentro de los parámetros de la ética y la probidad pública. La relevancia de una adecuada gestión de los conflictos de interés en la función pública radica en que constituye una herramienta eficaz para asegurar la imparcialidad y la probidad en el actuar público.

“Para una correcta gestión de los conflictos de interés, es necesario en primer término, identificar cuáles son los rasgos generales de situaciones particulares, que ponen en riesgo la independencia e integridad en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, concientizar sobre ellos y en definitiva, con base en ese conocimiento, elaborar políticas públicas capaces de prevenir, gestionar y sancionar actuaciones contrarias a la ética pública, dentro de las cuales se encuentra incluso, la no intervención por parte de jerarcas institucionales o jefaturas, cuando tienen conocimiento de situaciones riesgosas presentadas en relación con otros funcionarios judiciales”, finalizó.

En el 2019, la Corte Plena aprobó el reglamento denominado “Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial”, el cual responde también a requerimientos de instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, de los cuales forma parte Costa Rica, así como de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la Ley General de Control Interno, entre otras.

 

Fuente: Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Sección Prensa.

 

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