• Reforma legislativa establece implementación 18 meses después de otorgado el presupuesto necesario.

 Los procesos penales relacionados a la persecución de delitos sobre crimen organizado mantendrán su trámite ordinario, en todo el país, al ampliarse la vacancia de la legislación especializada por la Asamblea Legislativa.

 La firmeza de la suspensión en la vigencia de la Ley 9481, se ratificó este miércoles 30 de octubre, con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 La Ley 9769, aprobada por la Asamblea Legislativa, establece en el artículo 4 que se reforma la entrada en vigencia de la normativa que crea la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica.

 Con ello, se define que “…Entrará en vigencia dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial”.

 Todos los procesos judiciales que involucran la persecución de aquellos delitos sobre delincuencia organizada mantendrán su tramitación, en aplicación de la legislación actual.

 También se realizan otras reformas de importancia en dicho cuerpo legal, relacionadas con la competencia de los juzgados, tribunales y tribunales especializados, el tema de la prescripción de los procesos, los requisitos para las personas juzgadoras integrantes de esta jurisdicción, entre otras.

 Desde la iniciativa de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia promovió la modificación legal, para suspender la vigencia de la legislación especializada, con el fin de que se le puedan otorgar los recursos necesarios al Poder Judicial, para la puesta en funciones.

Fuente: Actualidad Judicial, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional

• Magistradas y magistrados recalcan acciones firmes contra la corrupción.

Con la puesta en marcha de la Oficina de Cumplimiento, el Poder Judicial emprende acciones concretas para fortalecer la lucha contra la corrupción. Sus funciones son identificar las amenazas provenientes de la corrupción, el fraude interno, las faltas a la ética y probidad; así como su prevención, control y sanción.

La Oficina se crea en acatamiento del acuerdo unánime adoptado por las magistradas y los magistrados que integran Corte Plena, en la sesión del pasado 4 de abril. La propuesta la presentó la magistrada Nancy Hernández López, quien asumió la coordinación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción desde noviembre de 2014 y hasta marzo de 2019.

Actualmente la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, asume la dirección de la Comisión de Transparencia.

“La creación de la Oficina de Cumplimiento, tiene como tarea elaborar un plan de acción que facilite la toma de decisiones oportunas y acciones administrativas para la prevención, control y sanción de las faltas y riesgos derivados de fraudes internos, corrupción y acciones contrarias a la ética y probidad”, manifestó Solano Castro.

Es una oficina autonomía e independencia funcional y de criterio y actúa de oficio, explicó la coordinadora de la Comisión de Transparencia, Patricia Solano Castro

La Oficialía de Cumplimiento, resulta una apuesta a la innovación judicial y un cambio de paradigma en la Institución, enmarcando su visión en ser el órgano rector que articule y de seguimiento al cumplimiento normativo del Poder Judicial de Costa Rica en materia anticorrupción.

El nuevo despacho ha establecido como su principal objetivo: identificar las amenazas provenientes de la corrupción, el fraude interno y las faltas a la ética y probidad, con el fin de establecer actividades de prevención, control y sanción

Se nombró a la MSc Kennia Alvarado Villalobos, como Oficial de Cumplimiento, quien tiene amplia experiencia y conocimiento en temas de crimen organizado y materia penal, y se cuenta con la colaboración de dos personas profesionales.

Como parte de la cooperación estratégica que brinda la Embajada de los Estados Unidos, por medio del ente ejecutor National Center for State Court; recientemente se realizó una visita a Washington, con el fin de conocer con mayor detalle el funcionamiento de los Oficialías de Cumplimiento, sus competencias y labor en general.

Fuente: Actualidad Judicial, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

Actividad académica dirigida a los administradores de justicia del área penal

La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro participó este miércoles 24 de abril, en la inauguración de un taller regional para jueces y juezas sobres delitos cibernéticos.

“Este fenómeno delictivo que se encuentra asociado a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, aunque no es de reciente data, sin duda alguna plantea un reto por su constante evolución en forma exponencial”; señaló la magistrada Patricia Solano.

“Hoy inicia una fase formativa para ampliar nuestras habilidades en el combate eficaz de esta delincuencia, mediante el abordaje de aspectos operativos y sustantivos del delito, a cargo de personas profesionales expertas en la materia, y quienes nos trasmitirán conocimientos, entre otros, sobre la herramienta de internet, su uso, las tecnologías y cómo a través de ellas se puede cometer un delito y cómo llegar a demostrarlo”, agregó Solano Castro quien destacó el compromiso y voluntad del Poder Judicial en apoyar este tipo de iniciativas, con el fin de lograr un sistema judicial robusto y eficaz en la investigación y persecución penal de estos delitos.

La inauguración contó con la participación del Director del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, Jorge García González y la abogada principal de la Sección de delitos informáticos y propiedad intelectual del Departamento de Justicia de los Estados Undiso, Mysti Degani.

El “Taller regional sobre pruebas electrónicas y delitos cibernéticos” tiene como finalidad dotar a los administradores de justicia de herramientas que les permita comprender el fenómeno de la ciberdelincuencia, debido a que es una modalidad criminal que ha ganado auge en los últimos años.

El mismo cuenta con expositores especialistas en la materia destacados en la Corte Federal de la República de Argentina, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA; quienes abordarán temas tales como: el internet para los jueces, el delito cibernético, tipificación del delito, el análisis probatorio, desafíos actuales, entre otros.

La actividad académica es promovida por la OEA con el apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Penal y se llevará a cabo durante los días 24, 25 y 26 de abril.

•        Proyecto de ley se tramita en la Asamblea Legislativa

En atención a la consulta legislativa sobre el proyecto de ley “Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, expediente legislativo Nº 21.248, los magistrados y magistradas que integran Corte Plena emitieron el criterio respectivo.

 El estudio del texto estuvo a cargo del magistrado instructor, Jesús Ramírez Quirós.

 Por mayoría, el criterio judicial determinó que “…el contenido y propuesta de la presente iniciativa legal, conforme al artículo 167 de la Constitución Política, sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial”.

 Esto por cuanto en el análisis judicial, se aumenta la competencia de los órganos jurisdiccionales, que conocerán de hechos vinculados con nuevas figuras delictivas y la modificación de otros ilícitos e incluye un incremento de las labores que le corresponden al Ministerio Público y a la Defensa Pública, a la cual se le encarga de ejercer la representación legal como curador procesal de la persona jurídica (art. 19).

 El informe de Corte recalcó que la propuesta es de amplio interés, pues dota de nuevas herramientas para regular el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, sin embargo “…no se puede obviar que se recargan obligaciones al Poder Judicial, no contempladas presupuestariamente, situación que se ve afectada en razón de las limitaciones de contenido económico que tenemos como Poder de la República, circunstancia que no puede soslayarse”.

 Además se concluyó que la iniciativa de ley responde al ajuste del ordenamiento jurídico de Costa Rica a los requerimientos internacionales de la lucha contra la corrupción.

 El criterio judicial indica que el proyecto regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y los otros delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Ley Nº 8422, y demás ilícitos no contemplados en la iniciativa de ley. Además, contiene el procedimiento para investigar y establecer dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones correspondientes, la prevención del delito, entre otros aspectos.

 El acuerdo de Corte Plena se tomó por mayoría de nueve votos y acordó “…Tener por rendido el informe del Magistrado Ramírez y hacerlo de conocimiento de la Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos, para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de la Asamblea Legislativa, en respuesta a la consulta formulada, con la indicación expresa de que el proyecto de ley consultado, sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Así votaron los magistrados y las magistradas Rojas, Olaso, Varela, Sánchez, Aguirre, Chacón, el Suplente y los y las suplentes Aragón Cambronero, Alfaro Vargas, López Madrigal”.

 Los magistrados Castillo, Rueda, Hernández, Salazar Alvarado, Araya y la suplente Esquivel Rodríguez se abstienen de votar.