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Magistrado expone sobre modelo de Justicia Restaurativa en foro internacional

 

  • En el Procedimiento de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial en tiempos de COVID-19.

El Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Señor Gerardo Rubén Alfaro Vargas participó en un seminario virtual donde se compartieron buenas prácticas e información sobre el tratamiento como alternativa al encarcelamiento, para las personas en conflicto con la ley con trastornos por consumo de drogas y su continuidad.

El Magistrado Alfaro Vargas, expuso a las personas participantes de diferentes países de América y África, la experiencia de Costa Rica desde el Procedimiento de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial Restaurativa en tiempos de COVID-19; ponencia de gran interés para el foro.

Al estar enmarcado dentro de Justicia Restaurativa, explicó el Magistrado, el Procedimiento de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial, es un abordaje interdisciplinario que desde el Poder Judicial se brinda con la participación de la persona fiscal, la defensa técnica, el equipo psicosocial y la persona juzgadora, con el apoyo del componente salud a cargo del equipo interdisciplinario del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) conformado por un médico general, una persona profesional en psicología y otra en trabajo social, sin dejar de lado las organizaciones civiles sin fines de lucro.

“Desde el ingreso del proceso, hasta la realización de la audiencia de Reunión Restaurativa y la resolución de la persona juzgadora que impone la salida alterna de conciliación o suspensión de proceso a prueba, se debe de cumplir con el plazo de un mes. La cercanía entre el inicio del abordaje integral y la resolución permiten tomar las acciones más adecuadas para la reparación del daño a la víctima, pero también para la recuperación de la persona ofensora con problemas de consumo de drogas; sin olvidar que el contenido de la sanción o de la medida alterna debe ser proporcional a los hechos penales que se investigan”, señaló el Magistrado. 

Puntualizó que posterior a la resolución judicial, durante el cumplimiento de las condiciones, se tiene un seguimiento bajo el principio de alto apoyo y alto control, que conlleva una revisión periódica, de las condiciones a cumplir por parte de la persona ofensora y una comunicación constante entre el equipo del Poder Judicial y del IAFA.

Al finalizar, compartió un testimonio de éxito de una de las personas usuarias, que sin duda, motiva a continuar con la ruptura del paradigma de un proceso sancionador a uno restaurativo para una justicia integral.

Este seminario virtual se dirigió a expertos y responsables institucionales que trabajan en el campo de la justicia y la salud.  Organizado por La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (SE-CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Comisión de la Unión Africana (UAC, por sus siglas en inglés).

 

Fuente: Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Sección de Prensa.

18 de setiembre, 2020.

 

 

Comisión de Ciberdelincuencia y Ciberseguridad

 

Inicia plan de trabajo en promoción de Política de Seguridad de la Información

 

 

Con el objetivo de ejecutar la ruta de trabajo para la divulgación de la Política de Seguridad de la Información, la Comisión de Ciberdelincuencia y Ciberseguridad se reunió el pasado miércoles 16 de setiembre con representantes del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

 

La actividad contó con la participación de la Magistrada de la Sala de Casación Penal y Coordinadora de dicha Comisión, Sandra Zúñiga Morales, quien resaltó la importancia de este encuentro como parte de los esfuerzos realizados para dar a conocer esta política.

 

La Magistrada externó la importancia de una campaña de divulgación de la Política, para que la población judicial tenga conocimiento sobre el adecuado uso y manejo de la información cibernética, así como sus riesgos, esto se da como parte de la aprobación de Corte Plena de una ficha técnica que define las iniciativas de ciberseguridad en el Poder Judicial, propuestas por la Comisión mencionada.

 

En la reunión se presentaron las ideas y propuestas para la creación de la campaña de divulgación, ya que la Política cobra gran relevancia en las circunstancias actuales, en donde las personas utilizan más los medios tecnológicos para realizar sus labores, por lo que se requiere una campaña fuerte y que se mantenga vigente con el tiempo.

 

Aspectos claves como la definición del público meta, las diferentes etapas de trabajo, así como el apoyo de las personas que tienen conocimiento en el tema para elaborar el producto, fueron parte de los temas analizados.

 

Martín Hernández Serrano, de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, destacó que se trabaja en un curso de capacitación para crear conciencia sobre este tema, el cual se pretende sea aplicado por la Dirección de Gestión Humana y que se aplique al personal de primer ingreso y para quienes ya laboran en la institución para actualizar su conocimiento.

 

En ese mismo sentido, Gezer Ramiro Molina Colomer, de la DTIC, resaltó que se ha dado un aumento en los ataques cibernéticos, que incrementa la necesidad de crear herramientas para contrarrestar estos ataques. El curso se encuentra en etapa de plan piloto.

 

El encuentro contó también con la participación del Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, así como el señor Erick Lewis Hernández también del OIJ, además del Letrado de la Sala de Casación Penal, Frank Harbottle Quirós y personal del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

 

 Fuente: Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Sección de Prensa.

18 de setiembre 2020.

 

Corte Plena aprueba construir la Política Institucional Anticorrupción

 

  • Propuesta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial.

 El aseguramiento del valor del servicio de administración de justicia y de idoneidad y probidad en la función pública son los temas estratégicos en los que se fundamenta la solicitud para la construcción de la “Política Anticorrupción, una propuesta en cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales 2019-2024”, que aprobó la Corte Plena.

 El acuerdo para el desarrollo de esta política institucional dentro del quehacer del Poder Judicial, se tomó en la sesión del pasado 7 de setiembre de 2020.

 La construcción de la estrategia institucional anticorrupción está a cargo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, bajo la coordinación de la magistrada y Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro.

 “La propuesta desde la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, constituye un componente fundamental para la continuidad de la materialización del conjunto de acciones afirmativas que el Poder Judicial ha realizado en el marco de la lucha contra el fraude y la penetración de la corrupción dentro de la institución”, destacó la Vicepresidenta de la Corte.

 La exposición del documento estuvo a cargo de Kenia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento.

“Es una política de interés institucional y social para la integridad e independencia judicial.  Se enmarca dentro del compromiso público del deber de probidad como valor del servicio de administración de justicia, transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad en la toma de decisiones que afecta a las personas usuarias y partes interesadas físicas o jurídicas que interactúan con la institución”, puntualizó Kenia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento. 

Como tema estratégico desarrollará el compromiso marco de lucha contra la corrupción interna de toda su población judicial así como su relación con las diversas partes interesadas.  Está basada en la probidad en la justicia, y tendrá como objetivo el fortalecimiento de la confianza y el valor del servicio de la administración de justicia hacia y para la sociedad. Para su cumplimiento se definieron cinco acciones estratégicas en transparencia y rendición de cuentas, probidad y anticorrupción, colaboración interna y externa, comunicación y proyección institucional y participación ciudadana.

Se destaca que la Política Institucional Anticorrupción se alinea a los principios axiológicos, éticos-legales y estratégicos Institucionales 2019-2024 del Poder Judicial, con los acuerdos de Corte Plena que priorizan y declaran de interés institucional la generación de estrategias internas para la lucha contra la penetración de la corrupción dentro de la organización y su divulgación y sensibilización en beneficio de las personas usuarias.

Además, la política institucional se suma al compromiso adquirido por el Poder Judicial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, específicamente en el objetivo 16 de Paz, Justicia e instituciones sólidas.

Fuente: Poder Judicial Hoy, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

17 de Setiembre 2020.

 

Sala de Casación Penal realiza audiencia por caso UPAD siguiendo protocolos de seguridad sanitaria. 

  • Audiencia se lleva a cabo de acuerdo con la normativa aplicable a los procesos en investigación que involucran Supremos Poderes.

 

 La Sala de Casación Penal realizó una audiencia privada bajo la modalidad presencial en cumplimiento con los protocolos del Ministerio de Salud y del Poder Judicial, emitidos con el fin de resguardar la salud de las personas intervinientes en la diligencia judicial.

 

La audiencia se realizó ayer jueves 27 de agosto de 2020 a partir de las 8:30 am y finalizó al ser las 8:00 pm siguiendo los protocolos sanitarios necesarios para garantizar las condiciones adecuadas, como limpieza, desinfección, distanciamiento entre personas y el uso constante del alcohol y alcohol en gel.

 

La diligencia fue presidida por el magistrado Álvaro Burgos Mata, acompañada por la magistrada Sandra Zúñiga Morales, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas y los magistrados suplentes, Rafael Segura Bonilla y Jorge Desanti Henderson.

 

La audiencia se desarrolló con apego a los principios procesales que rigen este procedimiento. Los magistrados y magistrada escucharon las posiciones jurídicas del Ministerio Público, querellantes y la defensa técnica de las personas imputadas en esta causa.

 

El magistrado Álvaro Burgos señaló que la audiencia se realizó con eficiencia y el orden necesario, en respeto absoluto del debido Proceso y brindándole ampliamente la posibilidad a todas las partes interesadas de plantear sus argumentos, lo cual constituye un ejercicio democrático, propio del Estado de Derecho garantizando la continuidad de la administración de justicia, aún en tiempos de pandemia, por lo que es elemental el resguardo de la salud del personal judicial y de las partes actoras de los procesos judiciales.

 

Al ser esta audiencia de carácter privado por disponerlo así el Código Procesal Penal, artículo 295, los argumentos de las partes procesales expuestos en la misma no pueden ser publicitados.

“ARTÍCULO 295: Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participan de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tienen conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave ”.

 

 Fuente: Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

28 de Agosto de 2020.

"Damos respuestas ante la emergencia sanitaria para salvaguardar los derechos de las partes"

  

  • Presidenta de la Sala de Casación Penal, Magistrada Patricia Solano.

 

 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se realizó este 20 de agosto, su tercera audiencia de forma oral por medios tecnológicos, a través de la plataforma "Microsoft Teams", ante la crisis sanitaria por el Covid-19.

 

La audiencia era un procedimiento de revisión, en un caso de vulnerabilidad por ser la persona imputada adulta mayor con múltiples padecimientos de salud, por lo que la defensa técnica se trasladó hasta donde se encuentra esta persona condenada para asistirla en todo momento y respetar las garantías procesales y el derecho de defensa.

 

La Presidenta de la Sala de Casación Penal, Magistrada Patricia Solano Castro aseguró que la realización de audiencias virtuales es una manera para continuar avanzando en los procesos y que no se detenga la justicia como un servicio público esencial.

 

“Damos respuestas dentro de esta emergencia sanitaria para salvaguardar los derechos de todas las partes”, agregó la Magistrada Solano.

 

 Fuente:  Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional,  Sección de Prensa.

20 de agosto de 2020

 

Sala de Casación penal

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