• Expuso sobre la alternativa al encarcelamiento que se trabaja bajo el “Procedimiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial que se desarrolla con la metodología de Justicia Restaurativa”.

El Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas participó como parte de los panelistas en el conversatorio virtual denominado “Género en el sistema de justicia penal”, explorando alternativas al encarcelamiento basadas en la evidencia para delitos relacionados con las drogas.

El mismo fue organizado por el Gobierno de Costa Rica y coorganizado por los Gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Jamaica, República Dominicana, así como la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (SE–CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El objetivo de la sesión fue discutir y hacer un análisis sobre la importancia de impulsar políticas o programas que rinden alternativas de encarcelamiento de personas que cometen delitos relacionados con el consumo de drogas, incluyendo la perspectiva de género, con la finalidad de prevenir la reincidencia y promover la reinserción social.

El Magistrado Alfaro señaló que la perspectiva de género es un eje transversal en las políticas y decisiones a nivel país en Costa Rica, específicamente en el Poder Judicial se cuenta con la Política de Igualdad de Género aprobada por la Corte Plena en noviembre del 2005, así mismo tomando en cuenta la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que impulsa en su objetivo 5 este tema. Esto sin duda debe verse materializado en cada una de las atenciones que se realiza en Justicia Restaurativa.

Alfaro Vargas puntualizó que “en Costa Rica una de las alternativas al encarcelamiento para el problema del consumo de drogas vinculado a la comisión del delito es el Procedimiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial, que se desarrolla bajo metodología de Justicia Restaurativa, y es un trabajo interdisciplinario e interinstitucional”.

“Esta intervención restaurativa permite conocer las necesidades de las víctimas, la verdadera problemática del consumo de drogas que está asociado al delito, el reconocimiento del daño causado y la responsabilidad activa para repararlo, que sin duda en todos estos casos debe tener como condición básica el tratamiento para el consumo de droga. Es indispensable que todos los casos tengan una atención con perspectiva de género, si no se hace de esta forma estaríamos incumpliendo los lineamientos nacionales e internacionales sobre esta temática, la atención es individualizada y el análisis del caso concreto nos lo exige la justicia restaurativa”, agregó Alfaro Vargas.

Así mismo, el señor Magistrado, hizo referencia a las reformas realizadas al artículo  77 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo; y los artículos 71 y 72 del Código Penal, sobre la disminución del mínimo en la penalidad, al tratarse de imputadas mujeres en condición de vulnerabilidad. El impulso que se da, desde Justicia Restaurativa a la atención con enfoque de género, y refirió que en el año 2020 se atendieron 50 casos y durante los  primeros meses del año 2021 se abordaran 5 asuntos por Justicia Restaurativa, por el delito de introducción de drogas en centros penal por parte de mujeres en condición de vulnerabilidad.

En la apertura de la actividad estuvieron Sergio Rodríguez Fernández, Director General del Instituto Costarricense sobre las Drogas y el Embajador Adam E. Namm, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAP/OEA).

 

 

Como parte de los panelistas también estuvieron María Laura Garridos, Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e Interventora del Servicio Penitenciario Federal de Argentina; Robin Cuff, Gerente de Servicios Ambulatorios de Adicciones del Centro de Adicciones y Salud Mental de Canadá; Diana Catherine Abaunza Millares, Viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia; Jacqueline Wilcott, Jueza Comarcal del Poder Judicial de Jamaica y Kenya Romero, Magistrada Jueza de la Instrucción del Poder Judicial de República Dominicana. La moderación estuvo a cargo de Tania Gordillo Moreno, de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Ejecutiva de la CICAP/OEA.

 

 

 

 

 

  • Invitación se dio como parte de la celebración del 23 Aniversario del Consejo de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia.

Como parte de las actividades en celebración del 23 Aniversario del Consejo de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia, el Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, participó como ponente en el primer día del Seminario Internacional Virtual “El rol que cumplen los Consejos de la Magistratura/Judicatura de Latinoamérica”

Dicho seminario, se desarrolló los días 30 y 31 de marzo y reunió a representantes de los poderes judiciales de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Perú, quienes expusieron sobre el papel que cumple la magistratura en sus respectivos países. 

Durante su ponencia, el Magistrado Alfaro Vargas se refirió al papel que desempeña la Magistratura para la consolidación de los procesos de Justicia Restaurativa en Costa Rica, destacando la estructura organizativa de la institución y el papel que cada uno de los órganos asume en dicho procedimiento.

El alto juez de la Sala de Casación Penal señaló que, en este tema, desde el primer momento se tuvo la visión por parte de la Magistratura de lograr su consolidación como un procedimiento más, dentro del proceso penal y penal juvenil, por lo que… “A lo largo de estos nueve años de funcionamiento de la Justicia Restaurativa en el Poder Judicial, siempre mantuvo y mantiene un impulso desde la Sala de Casación Penal”, indicó Alfaro Vargas.

El jerarca habló sobre la importancia de la Oficina Rectora en materia restaurativa, en la operativización de las líneas estratégicas y la interacción con los diferentes despachos judiciales, principalmente con los grandes socios, quienes desarrollan los procedimientos y atención de las personas usuarias. Sumado a lo anterior, enfatizó en la relevancia de la coordinación con instituciones públicas, organizaciones civiles sin fines de lucro y la comunidad.

 

En la exposición, se hizo además un repaso sobre el origen de la Justicia Restaurativa en el Poder Judicial de Costa Rica, resaltando que la iniciativa nació en el año 2011 como un proyecto piloto construido en conjunto con el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Departamento de Trabajo Social y Psicología, así como el área administrativa del Poder Judicial.

Se mencionó también el surgimiento del Programa Justicia Restaurativa en 2012, el Procedimiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial en 2013 y la introducción del procedimiento restaurativo en materia penal juvenil en el año 2015.

También, se refirieron hechos importantes como la aprobación de una Política Pública en el año 2015, donde se comparte la rectoría con el Viceministerio de Justicia y Paz en lo relacionado con el Poder Ejecutivo, la cual convirtió a la Justicia Restaurativa en un tema país, involucrando a los demás Poderes de la República e incluyéndose en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de Justicia Restaurativa para su estudio y discusión, ley aprobada en 2018 y que empezó a regir en enero de 2019, lo que dio paso a la creación de la Rectoría de Justicia Restaurativa para dirigir la materia en el Poder Judicial, con un respeto a la independencia funcional del Ministerio Público, Defensa Pública y Departamento de Trabajo Social y Psicología, pero con el mandato legal dado a la Rectoría de dirigir la implementación a nivel nacional de los procesos restaurativos, para finalizarla en enero del 2022.

Finalmente, el Magistrado Alfaro señaló que… “durante todos estos procesos, se han brindado todas las acciones estratégicas desde la Magistratura, con un involucramiento total en las diferentes actividades, acciones y conocimiento de los resultados, que permiten el éxito en este proceso de consolidación”. Así mismo resalta la obtención de cooperación internacional desde la Unión Europea, así como de la Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica, y de organismos internacionales como lo es UNICEF.

El Procedimiento de Justicia Restaurativa trabaja actualmente bajo los ejes temáticos de Justicia Penal Restaurativa, Justicia Juvenil Restaurativa, Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial, Contravenciones, Abreviados, Imposición de pena o sanción por cesura, Bienestar del Personal Judicial, Ejecución y Justicia Restaurativa en Flagrancia y entre las acciones que se desarrollan destacan el seguimiento a los equipos interdisciplinarios, los procesos de capacitación, la creación de instrumentos así como la divulgación, la proyección internacional y hacia la comunidad, la cooperación internacional, las coordinaciones institucionales e interinstitucionales y la gestión administrativa.

Según la encuesta de satisfacción del año 2019, en materia restaurativa se brinda un 99% de calidad en el servicio público, se tiene un 95% de satisfacción de las personas usuarias y se da un 95% de cumplimiento de los acuerdos restaurativos.

Sin duda la Magistratura tienen un papel relevante de impulso y consolidación de la Justicia Restaurativa en el Poder Judicial de Costa Rica, liderando un trabajo conjunto con los diferentes despachos que intervienen en el servicio restaurativo; lo que permitió que la Justicia Restaurativa diera un salto de ser un programa de interés institucional a convertirse en un procedimiento para la resolución de conflictos jurídicos penales, penales juveniles y contravencionales, con participación activa de la víctima, la persona ofensora y la comunidad, para la reparación efectiva del daño causado y la reinserción de la persona ofensora”, finalizó el Magistrado.

La participación del Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas se dio de manera virtual desde los Tribunales de Justicia de Nicoya.

 

 

05 de abril, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que ejerce Costa Rica durante el primer semestre del 2021, la Magistrada Sandra Zúñiga Morales, designada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para presentar una propuesta de trabajo Inter sectorial contra la delincuencia organizada, expuso el día de hoy ante los países de la región, la iniciativa “Lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo:  una necesidad impostergable en la región de Centroamérica y el Caribe”.

 

Esta es una propuesta que el Poder Judicial está impulsando en la región para priorizar la prevención y combate de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo de manera integral e intersectorial y además, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países, incluyendo a la Judicatura, Fiscalía y Policía, indicó la Magistrada Zúñiga Morales.

 

En la actividad virtual, se mencionó además, que en el marco del crimen organizado, este es un tema que constituye una necesidad para los países de la región de Centroamérica y el Caribe, y a su vez es un aspecto fundamental que debe atenderse por los diversos actores y de manera conjunta para establecer acciones que permitan hacer frente de forma efectiva contra este flagelo, tanto a nivel interno de cada país como en el ámbito regional.

 

Durante el encuentro, se destacaron las diversas consultas sobre esta temática que se han realizado desde el Poder Judicial a instancias nacionales y regionales, especialmente ante el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) que por medio del Grupo Especializado de Trabajo sobre Combate al Delito, integrado por representantes de los países, que desarrollarán esta iniciativa.

 

La Magistrada Zúñiga enfatizó a las personas integrantes de la Comisión de Seguridad de Centroamérica del CSC-SICA, que “establecer el trabajo conjunto en la región en el marco de la Mesa de Trabajo entre el CJCC y el SICA, para desarrollar esta iniciativa, será un avance importante para los países, lo cual está orientado a establecer mecanismos de intercambio de información estratégica sobre el tema, desarrollar acciones de mejora para la identificación de amenazas regionales, riesgos, identificación de prioridades, entre otros temas que se abordarán en la iniciativa”.

 

Este es un tema que cuenta con el respaldo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, del Magistrado Román Solís, Coordinador ante el CJCC y además, cuenta con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).

 

La reunión preparatoria de la LXXVII reunión ordinaria de la CSC-SICA contó con la participación de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, así como representantes de la Secretaría General del SICA y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Viceministerio de Seguridad Pública, como instancias en el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Álvaro Burgos Mata, magistrado de la Sala de Casación Penal y Penal Juvenil, participó el pasado 9 de marzo como moderador y expositor en el XIV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Kioto, Japón.

La actividad se realizó de manera virtual y estuvo a cargo de la Red de Programas de las Naciones Unidas (PNI) con la coordinación del Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa. El Congreso se trasmitió simultáneamente a nivel mundial en el idioma inglés.

Cabe destacar que el Congreso de Naciones Unidas es el más importante en materia de Derecho Penal y Prevención del Delito, se lleva a cabo cada 5 años y es la primera ocasión que se cuenta no solo con la presencia, sino también con la participación activa de un magistrado del Poder Judicial.

Para el Dr. Burgos Mata, el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, constituye el principal y más importante evento acerca de estos temas en el mundo.

“Para mí ha sido un verdadero honor representar a Costa Rica como parte de su Delegación Oficial, y evidentemente también a nuestro querido Poder Judicial, siendo que se me ha informado que es la primera oportunidad en que un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica interviene de una manera “activa” como parte de la Delegación de Costa Rica, puesto que como Coordinador de la Comisión Penal Juvenil del Poder Judicial, y a instancia del ILANUD, tuve el placer de actuar como expositor y además como moderador en una de las reuniones de esta cumbre internacional especializada, realizada en idioma inglés, dedicada precisamente a los mecanismos de diversificación en el campo Penal Juvenil”, señaló el magistrado.

El primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito se realizó en 1955 y han reunido a representantes del más alto nivel de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y académicos de la justicia penal y penal juvenil, para debatir preocupaciones comunes, compartir experiencias y buscar soluciones viables a problemas relacionados con la prevención del delito y el tratamiento del delincuente.

 

12 de marzo, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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