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Sala de Casación Penal intercambia experiencia con Procuradores Generales de Río de Janeiro

 
  • Compartieron conocimiento en materia de combate contra la corrupción y el crimen organizado.

 Conocer la experiencia de Brasil en la investigación de delitos relacionados con la corrupción, lavado de dinero y crimen organizado, fueron temas que se analizaron durante la reunión de la Sala de Casación Penal y los Procuradores Generales de Río de Janeiro, José Augusto Simoes Vagos y Carlos Alberto Gomes de Aguiar.

 La reunión la lideró la magistrada Presidenta en ejercicio de la Sala de Casación Penal y Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, quien destacó la importancia de conocer de cerca las experiencias y buenas prácticas emprendidas por el país sudamericano, en estos temas.

 Solano Castro explicó la estructura del Poder Judicial, en la que funcionan dentro de la misma organización la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Judicial.

 La Magistrada Solano destacó la creación de la Oficina de Cumplimiento, órgano de fortalecimiento autónomo contra la corrupción, fiscalizador y agente de autoevaluación institucional; y promotor de la integridad pública y que esta iniciativa forma parte de las acciones del Poder Judicial de Costa Rica en el combate contra la corrupción y penetración del crimen organizado,

 Además informó como Corte Plena trabaja en iniciativas judiciales tendientes a la promoción de reformas en materia penal y la participación del Poder Judicial en este tipo de iniciativas de reforma legal.

 Los expertos brasileños señalaron que en el caso de Brasil, en temas referentes al Ministerio Federal, la iniciativa la lleva la Procuraduría General de la República y lo correspondiente a leyes y procesos penales, normalmente se conforman comisiones de juristas y se toma la participación del Ministerio Público, sin embargo el trámite no deja de ser complejo.

 En la reunión que tuvo lugar este miércoles 24 de julio, en el Edificio de la Corte Suprema de Justicia, también participaron la magistrada suplente Sandra Zúñiga Morales y el magistrado suplente Gerardo Rubén Alfaro Vargas, la Oficial de Cumplimiento, Kennia Alvarado Villalobos; así como las personas letradas de la Sala de Casación Penal, Gabriela Rojas, Mónica Hernández, Ricardo Salas, Frank Harbottle y Carlos Jiménez de la Comisión de la Jurisdicción Penal y Juan Carlos Astúa, de National Center for States Courts.

 

Fuente: Observatorio Judicial, Oficina de Prensa y Comunicación Organizacional.

Poder Judicial destaca sistema de fortalecimiento contra la corrupción

 

 La creación de la Comisión para investigar la pentración del crimen organizado y el narcotráfico en la institución, el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad humana institucional en el tema de detección de fraude y corrupción y métodos anticorrupción”, el reglamento “Regulación para la Prevención y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial”,  y la Oficina de Cumplimiento, son parte de las acciones del Poder Judicial contra la corrupción.

Estos esfuerzos fueron destacados por la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Poder Judicial, Patricia Solano Castro, como invitada al Foro Corrupción 2019 organizado por el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica; en donde compartió su participación con los expositores expertos internacionales en la materia señores, José Augusto Simoes Vagos y Carlos Alberto Gomes de Aguiar, ambos Procuradores del Ministerio Público Federal de Brasil.

La Magistrada se refirió a la Oficina de Cumplimiento como un sistema de fortalecimiento autónomo contra la corrupción. “Además de ser entendido como mecanismo de control y legalidad, debe verse desde la arista de todo el quehacer ético y normativo de la propia institución, y cuyo componente fiscalizador tiene la finalidad de prevenir, detectar y sancionar los incumplimientos de las leyes y el combate a la corrupción.”

Agregó que el reglamento de Conflictos de Interés en el Poder Judicial tiene la finalidad de contribuir en el aseguramiento de la imparcialidad y la probidad en el ejercicio de las funciones.

Otra de las acciones emprendidas dentro del proyecto de  “Fortalecimiento de la capacidad humana institucional en el tema de detección de fraude y corrupción y métodos anticorrupción”, consistió en la evaluación a la que se sometió la institución para detectar las debilidades y oportunidades de mejora en asuntos asociados al proceso penal en casos de corrupción.

“El riesgo de la corrupción debe ser el eje que nos dirija y siga trazando la ruta bajo la consigna: integridad-legalidad-transparencia e independencia”, concluyó la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

El foro fue organizado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y National Center for State Courts, en conjunto con la Comisión de Transparencia y la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial.

 

Fuente: Actualidad Judicial, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

 

Poder Judicial se adhiere a la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plástico de un Solo Uso

 

  • Un compromiso institucional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la disminución en la huella ecológica con el apoyo del PNUD

 

La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro en su condición de Coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, anunció este viernes 19 de julio, la adhesión pública del Poder Judicial, a la Estrategia Nacional para Sustitución de Plásticos de un Solo Uso, que reafirma la contribución institucional que se ha venido realizando desde hace varios años.

El anuncio se realizó durante la presentación del Tercer Informe de avances en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco del Foro Internacional sobre Independencia Judicial y ODS.

“El día de hoy, me es grato anunciar que el Poder Judicial ejecutará otra acción afirmativa al adherirse a la Estrategia Nacional para Sustitución de Plásticos de un Solo Uso.    A partir de la participación en esta iniciativa, se logre sensibilizar a la gran mayoría de las aproximadamente 12.400 personas que conforman la población judicial distribuidas en todo el territorio nacional, con el fin de que modifiquen sus hábitos de consumo y utilicen alternativas al plástico de un solo uso más amigables con el ambiente en todos los ámbitos y sean agentes de cambio en su entorno diario“, señaló la magistrada Patricia Solano Castro.

“No podemos seguir ignorando las opiniones de los expertos que nos advierten que nos encontramos en un momento crítico en la historia de nuestro planeta, estamos en un punto de inflexión, el cual será definido por nuestras acciones ahora y determinará en gran medida las condiciones de vida futuras de la humanidad y las demás especies de organismos con los cuales compartimos este mundo”, agregó la magistrada, quien además recalcó que con esta estrategia se continuarán realizando acciones dirigidas para que las áreas de adquisiciones institucionales reduzcan y sustituyan en la medida de lo posible, los plásticos de un solo uso para contribuir a disminuir la huella ecológica de la institución.

Esta iniciativa provee un esquema para que cada institución proponga, registre e implemente compromisos voluntarios hasta el año 2020, a una o varias de esas líneas estratégicas con su respectiva métrica de verificación.

Con esta adhesión, el Poder Judicial una vez más reafirma su compromiso en el cumplimiento de los objetivos y metas del Desarrollo Sostenible, establecidos en la Agenda 2030, que ha tenido la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organización que sostiene que la presencia de plástico en los ecosistemas mundiales y su impacto, es uno de los grandes desafíos ambientales que actualmente enfrenta el planeta.

Kryssia Brade, Representante Residente Adjunta del PNUD en Costa Rica felicitó a Costa Rica por posicionarse una vez más como referente ante el mundo en la búsqueda de alternativas para garantizar la seguridad socioambiental y hacer frente al desafió global de la crisis por contaminación plástica.

“En el contexto de una economía baja en carbono, que busca potenciar oportunidades para la reactivación económica, hoy, uno de los Supremos Poderes de la República de Costa Rica se destaca como un modelo de promoción de prácticas de desarrollo sostenible a nivel global, con el apoyo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente. Desde PNUD nos enorgullece poder acompañar este esfuerzo país en la búsqueda de un cambio en los métodos de producción y consumo que requiere transformaciones estructurales como esta”, indicó Brade.

La estrategia consiste en la difusión y seguimiento de compromisos voluntarios agrupados en diferentes acciones tales como: proveedurías institucionales para la sustitución de compras de productos plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables, que representa la sustitución de plástico de un solo uso por productos biodegradables de menor impacto ambiental, acciones municipales para la generación de incentivos para sustituir el uso de plástico, sensibilización del consumidor, investigación y desarrollo de alternativas renovables y la inversión en actividad productiva para la sustitución.

La Comisión de Gestión Ambiental Institucional será el órgano encargado de llevar a cabo las diferentes acciones a través de un plan previamente establecido y aprobado por el Consejo Superior, que se divide en dos etapas con un objetivo específico cada una.

La primera etapa consiste en un proceso de sensibilización sobre el tema durante el período 2019-2021, mientras que la segunda etapa se ejecutaría en el período 2021-2024 y está relacionada con la elaboración de lineamientos institucionales para la sustitución paulatina del plástico de un solo uso.

Cada uno de los objetivos se desarrollarán mediante actividades proyectadas por el Poder Judicial, donde se aspira continuar con el apoyo del Programa de las Naciones Unidades (PNUD), por medio de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).

Fuente: Actualidad Judicial, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

 

Tribunales de Flagrancia a nivel nacional inician proceso de mejora continua

 
  • Comisión de Flagrancia se reunió este viernes 12 de julio.

  Garantizar la debida atención de los casos en flagrancia de cada Circuito Judicial del país y optimizar los recursos del Poder Judicial es una de las propuestas del Proyecto de Mejora en Materia Penal, que impulsa la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección de Planificación y más recientemente la Comisión de Flagrancia.

Bajo la dirección de un equipo integrado por profesionales y expertos en el área de la planificación y reingeniería de procesos, el Poder Judicial realiza acciones de mejora continua a través del proyecto de Rediseño del Modelo aplicado a los Tribunales Penales en todo el país.

Con este modelo se busca asegurar la eficiencia en la atención de los delitos cometidos en flagrancia y maximizar el rendimiento de los recursos, mediante el equilibrio de cargas de trabajo, contribuyendo así con las necesidades institucionales y su objetivo de disminuir la mora judicial a través de la participación de todas las secciones que conforman los Tribunales de Justicia.

“Flagrancia como un procedimiento especial del proceso penal, fue considerado en el rediseño del modelo de mejora con el objetivo de garantizar eficiencia en la Administración de Justicia dentro de los parámetros de calidad como eje transversal de la política institucional”, destacó la magistrada Patricia Solano Castro, Coordinadora de la Comisión de Flagrancia.

La propuesta basada en el estudio de las cargas de trabajo esperadas por cada persona juzgadora; en el tanto no aumenten las entradas de asuntos en flagrancia, consiste en brindar apoyo en la atención de causas ordinarias unipersonales, y así responder a la mora judicial que estamos comprometidos a resolver como Poder Judicial.

 Este modelo de rediseño procuró incluir dentro del escenario de reorganización a todos los intervinientes en la gestión judicial y administrativa para obtener resultados exitosos, con una visión integral institucional.

El modelo garantiza la continuidad, la permanencia y la especialidad de todo el capital humano que conforman las secciones de Flagrancia, constituyendo un equipo de trabajo integrado por Fiscalía, Defensa Pública, judicatura y personal administrativo.

Resultado de los hallazgos del rediseño ha sido la coordinación que ha realizado la Comisión Nacional de Flagrancia con la Escuela Judicial para el desarrollo de un manual con el objetivo de fortalecer el procedimiento de flagrancia. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Superior en sesión número 52-19 del 7 de junio de presente año, destacando para esta labor a la Licenciada Ligia Arias Alegría, de amplia trayectoria en el ámbito judicial.

 La Comisión Nacional de Flagrancia en sesión número 02-CNFLA-2019, celebrada hoy 12 julio 2019 aprobó –con acuerdo firme- y por mayoría los informes de la Dirección de Planificación números 330-PLA-2019 y 749-PLA-2019 relacionados con el modelo de gestión de los Tribunales de Flagrancia.

A la Comisión asistieron la Magistrada señora Patricia Solano Castro, Coordinadora, la señora Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, el señor Subdirector de la Defensa Pública, Érick Núnez Rodríguez, el señor representante de la Dirección Ejecutiva, Wilbeth Kidd Alvarado, el señor Flavio Quesada Sánchez, Secretario General del Organismo de Investigación Judicial, y el señor Carlos Morales Chinchilla, Juez del Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José, representante de judicatura, y personal profesional de apoyo.

Para la magistrada Solano Castro: “Flagrancia es un proceso exitoso que ha dado respuesta expedita a la ciudadanía y lo que se busca con el proyecto es procurar una justicia pronta, de calidad, optimizando los recursos y brindándole una respuesta oportuna a las personas usuarias que lo demanda”.

 

Fuente: Actualidad Judicial, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

Comisión de Alto Nivel de Hacinamiento Penitenciario se reúne para intercambiar criterios

  • Comisión es liderada por la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro.

 

Temas de hacinamiento carcelario y monitoreo electrónico fueron parte de los tópicos de la reunión entre el Poder Judicial y la Comisión de Alto Nivel de Hacinamiento Penitenciario, la cual es liderada por la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro.

“Esta reunión refuerza el enlace entre autoridades penitenciarias y la Administración de Justicia, para el abordaje de temas sensibles con el fin de emprender acciones conjuntas. Entre ellas, abordamos un tema prioritario y que representa el problema del espacio carcelario que ocupa la población privada de libertad recluida por cortos plazos y el impacto que eso genera a nivel social y económico”, aseguró la Magistrada Patricia Solano.

La jerarca aseguró que realizar políticas de reinserción social en forma conjunta son parte de los temas que pueden derivarse de estas reuniones de trabajo que son finalmente temas país. “Debemos considerar en la identificación de los problemas la inversión social real que representa al país el costo carcelario, entiéndase en términos económicos y de desarrollo social en forma sostenible; considerando que el Estado tiene un papel preponderante en la función de reinserción social de las personas y promoción de la Justicia Restaurativa, que fortalecen la seguridad ciudadana”.

En la actividad participaron el Magistrado Jorge Olaso Álvarez, en representación de la Comisión de Acceso a la Justicia y el Magistrado Rafael Segura Bonilla, en representación de Justicia Restaurativa y la Subcomisión de Penal Juvenil.

También se encontraban la Directora de la Defensa Pública, Diana Montero Montero; la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio y la Ministra de Justicia y Paz Marcia González Aguiluz. –

Fuente: Actualidad Judicial, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

Sala de Casación penal
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