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Corte emite criterio en proyecto sobre acoso callejero

 

  • Expediente legislativo se tramita en la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa.

 

Imagen que contiene persona, interior, mesa, edificio

Descripción generada automáticamenteLas magistradas y magistrados que integran Corte Plena emitieron criterio sobre el proyecto 20.299, “Ley Contra el Acoso Sexual Callejero”.

 

El informe judicial se emite ante la consulta que envió la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, ente encargado de tramitar la iniciativa de ley.

 

El estudio del texto legislativo estuvo a cargo de la magistrada instructora, Sandra Zúñiga Morales.

 “… el proyecto de ley consultado, no afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial”, es lo que concluye el acuerdo de Corte Plena.

 

En el criterio judicial se incorporan consideraciónes propias de la magistrada instructura.

 

El análisis del expediente legislativo destaca que la iniciativa de ley procura “…Incorporar y promover acciones de intervención y atención del acoso sexual en espacios públicos y de acceso público, por parte del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, ley No. 8688, de fecha 4 de diciembre del 2008.”.

 

Además de la incorporación dentro de los  programas de prevención del delito y seguridad ciudadana de los cuerpos policiales, acciones específicas sobre el acoso sexual callejero.

  

Fuente: Sección Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional

 

Construyen propuestas académicas para fortalecer respuesta judicial sobre crimen organizado

 
  • Con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos y la Universidad Internacional de Florida.                              

El establecimiento de propuestas de capacitación especializada en materia de Crimen Organizado fue el eje que reunió a jueces y juezas coordinadoras de los Tribunales penales, Tribunales de Apelación y Juzgados Penales, coordinadores de Fiscalías Especializadas, representantes de la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), personal letrado y del ámbito administrativo judicial.

 

De acuerdo con la magistrada de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales, la actividad forma parte de las acciones que emprende el Poder Judicial para la implementación de la Ley 9481, que establece la creación de la Jurisdicción Especializada sobre Crimen Organizado.

 “Este es un primer paso que damos. La Ley establece que los funcionarios y funcionarias que van a laborar en esta jurisdicción deben tener una capacitación especializada. Y en este sentido, el Poder Judicial ha hecho el propósito de plantear la necesidad de realizar un diagnóstico para determinar los requerimientos formativos de forma integral”, puntualizó Zúñiga Morales.

 El Proyecto Corte/INL/FIU Fortalecimiento de la Repuesta Judicial ante la Delincuencia Organizada en Costa Rica, se ejecuta en el Poder Judicial con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos y la Universidad Internacional de Florida.

 Durante la sesión de este miércoles 20 de noviembre, la Subdirectora del Proyecto Local del Proyecto, Carmen Rodríguez y la consultora, Ana Cecilia Calvo, expusieron a las personas participantes los resultados del diagnóstico aplicado a todas las instancias penales, Escuela Judicial y Unidades de Capacitación de los órganos auxiliares de justicia.

 Con estos insumos se integraron grupos de trabajo para analizar los resultados y plantear contenidos específicos, que servirán de base para la construcción de un plan de capacitación integrado en la materia en estudio.

 

Fuente: Actualidad Judicial, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional

Corte Plena propone reformas para agilizar juzgamiento de Supremos Poderes

 12 de Noviembre de 2019

  • Proyecto forma parte de reformas urgentes que impulsa el Poder Judicial.

 

Un proceso penal ágil, simplificado y con acceso al recurso de casación, es lo que proponen los magistrados y magistradas de Corte Plena, para el juzgamiento de integrantes de Supremos Poderes.

 El proyecto forma parte de las reformas urgentes al Poder Judicial,  en las que trabaja la Corte Suprema de Justicia y contempla una reforma constitucional, así como modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Penal.

 La propuesta mantiene la competencia del Ministerio Público de ejercer la persecución penal.  Así como la potestad de la Asamblea Legislativa sobre la autorización a las diligencias judiciales requeridas para que las personas se sometan al proceso.

 

La magistrada Sandra Zúñiga Morales tuvo a cargo la exposición del proyecto.Imagen que contiene interior, techo, pared, suelo

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Uno de los cambios que se plantea tiene que ver con la intervención de la Sala Tercera, como filtro para determinar si la acusación que presenta el Ministerio Público tiene mérito para continuar con el proceso o no, con la posibilidad de impugnación ante Corte Plena en caso de que su criterio fuera negativo.

 Una vez resuelto que existe mérito para continuar con el proceso, se remite a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo pertinente.

Si la Asamblea Legislativa autoriza la prosecución, el proceso continuaría el juzgamiento por la vía ordinaria.

Se procuraría que ante una detención en flagrancia o ante la necesidad de que se resuelvan asuntos urgentes que no pueden esperar el juicio ordinario, sea un magistrado de la Sala de Casación Penal que resuelva las diligencias judiciales como lo serían medidas cautelares, allanamientos o adelanto de pruebas, etc.

Una de las novedades de la reforma propuesta es la posibilidad de dar acceso al recurso de casación ante la Sala de Casación Penal, pues en la actualidad únicamente se prevé el recurso de apelación.

 

Finalmente, en abono a la Seguridad Jurídica, se establecen plazos puntuales para la resolución de varias diligencias dentro del proceso.

 Los artículos que se discutieron durante la sesión de este lunes, recibieron una votación de mayoría. 

 La discusión del tema finalizará en la próxima sesión de Corte Plena. 

 

Fuente: Observatorio Judicial, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

Corte Plena emite criterio sobre proyecto de ley en materia de Grooming

  • Propone la reforma de los artículos 173, 173 bis y 174 del Código Procesal Penal.

 

 

Las magistradas y magistrados que integran Corte Plena enviaron a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, el criterio judicial relacionado con el proyecto “Ley del grooming (seguridad de menores en internet) y la obligación de los proveedores de contenidos y servicios digitales y reformas al Código Penal”, expediente legislativo Nº21.507.

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El estudio de la propuesta estuvo a cargo del magistrado instructor, Jesús Ramírez Quirós.

Sobre las observaciones al proyecto de ley, el informe judicial indicó que la reforma legal sí incide en el funcionamiento del Poder Judicial, “…en razón de que establece la creación dentro del Organismo de Investigación Judicial, de un grupo de expertos en dar seguimiento a denuncias por delitos cibernéticos relacionados con el grooming; previsión que conlleva sin duda un incremento en el tema presupuestario, al tener que destinarse recurso humano y la infraestructura e instrumentos necesarios (equipo tecnológico y paquetes informáticos, por ejemplo), para conformar la unidad de rastreo cibernético que exige la iniciativa de ley”.

 

Además, señalaron que se requiere la confección de un reglamento que regule la referida unidad.

 

En las observaciones del informe de Corte, “...se concuerda con la necesidad de que nuestro país tenga un marco legal adecuado y específico para perseguir determinadas conductas de una persona adulta cuya finalidad es, mediante la seducción y provocación, ganarse la amistad o el favor de una persona menor de edad a través del uso de internet, el uso de redes sociales o mediante aplicaciones de mensajería instantánea, con fines claramente sexuales, ocultando su condición de adulto.”

 

Fuente: Sección Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional

 

Prórroga de la vacancia de la vigencia de la Ley de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada y otras reformas

 
  • Reforma legislativa establece implementación 18 meses después de otorgado el presupuesto necesario.

 Los procesos penales relacionados a la persecución de delitos sobre crimen organizado mantendrán su trámite ordinario, en todo el país, al ampliarse la vacancia de la legislación especializada por la Asamblea Legislativa.

 La firmeza de la suspensión en la vigencia de la Ley 9481, se ratificó este miércoles 30 de octubre, con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

 La Ley 9769, aprobada por la Asamblea Legislativa, establece en el artículo 4 que se reforma la entrada en vigencia de la normativa que crea la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica.

 Con ello, se define que “…Entrará en vigencia dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial”.

 Todos los procesos judiciales que involucran la persecución de aquellos delitos sobre delincuencia organizada mantendrán su tramitación, en aplicación de la legislación actual.

 También se realizan otras reformas de importancia en dicho cuerpo legal, relacionadas con la competencia de los juzgados, tribunales y tribunales especializados, el tema de la prescripción de los procesos, los requisitos para las personas juzgadoras integrantes de esta jurisdicción, entre otras.

 Desde la iniciativa de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia promovió la modificación legal, para suspender la vigencia de la legislación especializada, con el fin de que se le puedan otorgar los recursos necesarios al Poder Judicial, para la puesta en funciones.

Fuente: Actualidad Judicial, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional

Sala de Casación penal

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