Sala de Casación Penal

Liberia emprende primer Mentoría Judicial Juvenil Restaurativa

Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial y la UNICEF impulsan modelo.

Un apoyo adicional recibe en la actualidad, una persona menor de edad en conflicto con la Ley Penal Juvenil en Liberia. Este es el primer caso que desarrolla el Proyecto Institucional de Mentoría Judicial del Poder Judicial, en asocio con la UNICEF.

El Proyecto de Mentoría Judicial lo coordina la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial en conjunto con el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, con la cooperación de UNICEF y bajo la ejecución de los equipos psicosociales de Justicia Juvenil Restaurativa, quienes determinan la viabilidad de brindarle a las personas menores de edad, el acompañamiento adicional de una persona mentora.

“Conforme al plazo establecido del plan reparador y considerando las condiciones de la causa penal de la persona menor de edad, a través del equipo psicosocial se valoró la importancia de integrar dicho recurso al proceso judicial, donde se consideró necesario brindar este acompañamiento a la persona joven ofensora, quien lo aceptó sin ninguna dificultad y de manera asertiva. La persona mentora, que se ubica en la zona, ha logrado avanzar con este abordaje de manera satisfactoria”, destacó el equipo de Justicia Juvenil Restaurativa de Liberia.

Para el señor Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala III de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, la Mentoría Judicial Restaurativa, es una muestra más de la articulación que desde Justicia Restaurativa, se puede lograr con la comunidad, en pro del bienestar de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. Las personas mentoras, son voluntarias, que dedican su tiempo, para acompañar y orientar, buscando de esta forma que se logre un mayor cumplimiento de las condiciones judiciales, a la vez que se crea un vínculo de pertenencia de la persona menor de edad con su propia comunidad, fortaleciendo planes de vida productivos y alejados de la comisión de ilícitos.”

Para la efectividad de los encuentros de abordaje entre la persona mentora y la persona menor de edad, se estableció un espacio seguro en una de las instituciones que forman parte de la Red de Apoyo Intersectorial de la jurisdicción.

De acuerdo con la señora Patricia Portela de Souza, Representante de UNICEF Costa Rica, “…es muy satisfactorio conocer el buen resultado de la experiencia de esta primera mentoría. Las personas adolescentes y jóvenes que transitan por el sistema judicial son quienes requieren una mayor orientación, formación y apoyo, para identificar los recursos que les ofrece la propia institucionalidad costarricense, saber dónde buscarlos es tan importante como saber usarlos de la mejor manera. El acompañamiento cercano y humano es el principio del éxito. Es importante devolverle a las y los adolescentes y jóvenes la confianza en sí mismos y en el sistema social que busca protegerles y reintegrarlos socialmente”.

Actualmente, el Proyecto Institucional de Mentorías Judiciales cuenta con 42 personas capacitadas y certificadas para emprender estos abordajes extrajudiciales, para brindar acompañamiento, apoyo a la persona menor de edad en conflicto con la ley y garantizar el cumplimiento de los procesos judiciales.

De acuerdo con Evelyn Elizondo Camacho, de la Oficina Rectora del Poder Judicial, existe un importante acercamiento y comunicación entre las personas mentoras judiciales y los equipos de Justicia Juvenil Restaurativa, que permite tener disponible este recurso de apoyo social cuando así se determine.

“Las personas mentoras trabajan diversos temas con las personas menores de edad. Realizan una sesión de una hora al mes y se garantizan espacios de reunión seguros con la colaboración de las Institucionales que integran la Red de Apoyo. Se trabajan temas como el desarrollo de habilidades blandas, proyectos de vida futura, mediante guías para la entrevista de intereses y necesidades de la persona joven, para el uso de mapeo de organizaciones aliadas, la construcción de un plan de vida alejado del delito, la vinculación social afecta y se llenan instrumentos creados para medir el avance de las mentorías, que son informados a los equipos psicosociales de Justicia Juvenil Restaurativa”, explicó Elizondo Camacho.

Contenido tomado de nota de prensa Poder Judicial Hoy, 21-12-22

Realizan taller para construir rutas de trabajo en materia de Justicia Restaurativa

Capacitar y sensibilizar a las personas funcionarias del Ministerio de Justicia y Paz que laboran en el ámbito penitenciario sobre el procedimiento y la Ley de Justicia Restaurativa para la aplicación de ésta durante la ejecución de la pena, fue el propósito del taller en conjunto con la Oficina Rectora de esta materia del Poder Judicial.

La intención es promover el uso de prácticas restaurativas en la resolución de conflictos y construir rutas de trabajo en conjunto entre ambas instituciones.

El magistrado de la Sala de Casación Penal y rector de la Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas aseguró que “podemos hacer justicia restaurativa no solamente a nivel de las personas privadas de libertad procurando construir mediadores pares en los centros penales para que los niveles de conflictividad bajen, sino también para que sea un modelo organizacional y la institucionalidad del Ministerio de Justicia y Paz pueda resolver sus conflictos organizacionales a través de este tipo de justicia”.

“Me parece que es un logro muy importante para fortalecer el sistema de administración de justicia tanto en nuestra institución como en el Ministerio de Justicia, que administra la sanción penal”, puntualizó el magistrado Gerardo Rubén.

Juan Carlos Arias Agüero director general de Adaptación Social indicó que “este acercamiento da la posibilidad de un esfuerzo permanente para compartir las experiencias, la información, los proyectos y poder cumplir el cometido que tiene el Estado de darle atención y posibilidades a las personas privadas de libertad, porque no se trata de que entren a procesos y que cumplan una sentencia, sino que después de esto, en la administración de la sanción, estas personas puedan ser insertadas nuevamente en la sociedad y que tengan las oportunidades como seres humanos”

Así mismo, Daisy Matamoros Zúñiga, subdirectora general de Adaptación Social puntualizó que “no podemos llegar solo a un sector del sistema penitenciario, sino que tenemos que ir poco a poco involucrando a todo el sistema penitenciario tanto al sistema cerrado como el abierto. En el sistema cerrado tenemos una infinidad de variables que podemos permear con lo que es la justicia restaurativa, tenemos personas vulnerables por su condición, no solamente su condición social sino también en su condición personal, sus historias de vida, personas que vienen de otros países y que no hablan el idioma español, población indígena, mujeres embarazadas, adultos mayores, es una población muy diversa, por lo tanto nosotros tenemos que apostar a que las cárceles cada vez estén mas vacías buscando alternativas que sean socialmente sostenibles”.

“Tenemos que buscar todas estas alianzas tanto de las instituciones del Estado como agrupaciones y redes de apoyo que se nos acercan para promover otras alternativas a la prisión, pero que sean socialmente sostenibles, que la persona realmente dé una respuesta de inserción, que realmente vaya a ser un actor positivo en la sociedad”, finalizó Daisy Matamoros.

Nota de prensa tomada de Poder Judicial Hoy del 20 de diciembre de 2022

Sesión final del año reúne presencialmente a Jerarcas Conamaj

Con el objetivo de conocer en detalle el informe anual de labores de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), luego de dos años de distanciamiento físico, se llevó a cabo la última sesión ordinaria del año en forma presencial en el Salón del Servidor Judicial de la Corte Suprema de Justicia este miércoles 14 de diciembre.

La sesión estuvo bajo la coordinación del Magistrado Presidente de Conamaj, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, quien brindó un sentido mensaje de gratitud al personal técnico y profesional de esta Comisión, al mismo tiempo que celebró las alianzas colaborativas con todas las Instituciones Miembro, el apoyo y participación en las diferentes iniciativas lideradas.

Además estuvo presente el Viceministro de Justicia, Sergio Sevilla Pérez; el Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Max Alberto Esquivel Faerron; el Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Joseph Thompson Jiménez; la Directora de DINARAC del Ministerio de Justicia, Nathalie Artavia Chavarría; de la Unidad de Gobierno Corporativo de la Contraloría General de la República, Enrique González Roldán y por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica participó la Asesora de Presidencia, Jenny Díaz Bolaños y la Auditora de la Defensoría Social, Ericka Chaverri Palma.

La presentación del Informe de Labores 2022 estuvo a cargo del Magistrado Alfaro en conjunto con la Directora Ejecutiva de Conamaj, Sara Castillo Vargas, quienes repasaron los hitos más relevantes de las áreas estratégicas de trabajo de la Comisión tales como coordinación interinstitucional, acceso a la justicia para población migrante y refugiada, círculos de paz, justicia abierta y Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales.

Se hizo un apartado especial para resaltar las diferentes participaciones que el personal de esta dependencia, en representación del Poder Judicial de Costa Rica, ha asumido en cuanto a la proyección regional y la cooperación internacional para los temas de las Políticas Institucionales de Justicia Abierta, Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada.

A partir del informe compartido, entre la realimentación obtenida de las y los Jerarcas Conamaj destacó el mensaje de los logros obtenidos, la profundidad e impacto en los programas liderados, la fortaleza en las alianzas en un contexto de limitación de recursos públicos, la claridad en la misión y el compromiso por colaborar con el bienestar de la población en general, sobre todo de aquellos sectores más vulnerables.

Durante esta sesión se tomaron acuerdos sobre la definición de algunas temáticas a tratar durante el año 2023, así como la determinación de una actividad de campo para el mes de noviembre con el propósito de visitar y estrechar lazos institucionales con comunidades rurales en donde opera el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales.

Para más información sobre los programas y proyectos liderados por Conamaj se puede llamar al 2295-3322 o escribir al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Nota tomada de Poder Judicial Hoy, 15 diciembre 2022

En Foro organizado por la Sala de Casación Penal

Intercambio de experiencias enriquece conocimiento en materia de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

Se contó con la exposición de especialistas españoles y del Ministerio Público del Poder Judicial de Costa Rica

Con el objetivo de profundizar en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se realizó el pasado jueves 8 de diciembre el foro denominado “Responsabilidad penal de las personas jurídicas, experiencia en España y Costa Rica”, el cual fue organizado por la Sala de Casación Penal.

Dicho foro contó con la presencia de las magistradas y magistrados de la Sala de Casación Penal y permitió conocer la experiencia en esta materia de los especialistas españoles, Juan Antonio Lascuraín, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y Adán Nieto, Catedrático de Derecho Penal y Director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional UCLM, sumado a la experiencia del trabajo que se realiza en el Ministerio Público costarricense, expuesto por los representantes de la Fiscalía General, Greysa Barrientos Núñez y Alexander Valverde Peña.

Para la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, el conocimiento sobre este tema es fundamental, ya que la legislación que responsabiliza penalmente a las personas jurídicas se vincula con la mejora integral de un sistema de administración de justicia, para robustecer la capacidad de afrontar y atacar a la criminalidad económica y organizada, sumado a un esquema de cumplimiento normativo, transparencia y estrategias anticorrupción, que forman parte para un Estado más eficiente y competente frente a las formas más modernas de criminalidad.

“Estimamos que era muy importante que pudiésemos hablar de la responsabilidad penal colectiva o empresarial como parte de un derecho penal moderno, en cuanto a que la implementación es necesaria en razón de que la experiencia nos ha demostrado que resulta insuficiente responsabilizar penalmente a las personas físicas, porque finalmente es la responsabilidad de la empresa la que nos puede traer los resultados que esperamos a efectos de se pueda hacer una defensa del Estado democrático de derecho y de las instituciones que nosotros estamos llamados a defender”, señaló Solano Castro.

Para la magistrada Sandra Zúñiga Morales, de la Sala de Casación Penal, el fenómeno de la criminalidad organizada definitivamente ha traído con mayor fuerza el impulso y la discusión de estos temas en todos los ordenamientos jurídicos, por lo que con más frecuencia se escucha hablar sobre la aplicación de la teoría del delito en personas jurídicas.

“Es importante que nosotros nos ocupemos de actividades como esta, sobre todo en países como el nuestro, en donde estamos dando los primeros pasos, tenemos que ser proactivos, tener una mirada crítica de los instrumentos normativos que tenemos y hacer propuestas de mejora, no se trata sólo de regular, se trata de ir contra comportamientos que afectan bienes jurídicos y hacerlo con un sentido de justicia y respeto a los derechos fundamentales” dijo la magistrada.

Por su parte, el magistrado Rafael Segura Bonilla señaló que lo importante no es sólo la visibilización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino también la implementación de un programa de Compliance Anticorrupción, que es un elemento adicional bastante importante, en donde hay una necesidad de capacitación en este tema, ya que la responsabilidad que se tiene en los puestos jerárquicos es enorme, pues se dan en representación del Estado.

Durante su presentación, Juan Antonio Lascuraín, habló de aspectos como el criterio de justicia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas de acuerdo con los preceptos constitucionales y no de acuerdo a la responsabilidad penal individual, y la importancia de la tesis de la omisión de la empresa como mal policía de los suyos, además de temas como la justicia como eficacia y eficiencia, el principio de personalidad de las penas y la vinculación de los socios, entre otros.

Mientras que el experto Adán Nieto, trató temáticas como el objetivo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando elementos como la posibilidad de crear incentivos en las empresas para regulaciones internas, los incentivos que brindan el derecho procesal y el penal, la conveniencia de los programas de cumplimiento, los agentes que pueden cometer delitos en la organización, la responsabilidad de las pequeñas empresas, las penas, entre otros.

Finalmente, en su exposición, los fiscales Greysa Barrientos Núñez y Alexander Valverde Peña, hablaron del por qué se regula este tipo de responsabilidad en el país, analizando aspectos como los criterios de imputación, el objeto prueba de la acusación, el tema de la prevención de delitos, la gestión, control e identificación de riesgos, el reglamento a la Ley N° 9699, que regula este tipo de responsabilidad en el país, las penas, atenuantes y aspectos procesales, la participación procesal de las personas jurídicas, las soluciones alternas al conflicto y el procedimiento especial abreviado, entre otros.

Cabe destacar, que ambos representantes del Ministerio Público cuentan con una relevante trayectoria en el Poder Judicial, en el caso de Greysa Barrientos Núñez, cuenta con 25 años de experiencia como Fiscal en Fiscalías Especializadas contra la Corrupción e Impugnaciones, así como en la Fiscalía General, ha trabajado en el abordaje, trámite y debates en casos complejos, en temas de delitos de corrupción, administración pública, delitos económicos relacionados con banca, bolsa, así como delitos relacionados con partidos políticos, entre otros.

Barrientos Núñez es Licenciada en Derecho y Especialista en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, es Máster en Administración de Empresas y Derecho Empresarial de la Universidad Libre y la Universidad Veritas, posee estudios de Posgrado en la Universidad de Salamanca en Teoría General del Derecho Penal y en la Universidad Castilla de la Mancha en Delitos Financieros y Cursos sobre Corrupción y también ha sido expositora y facilitadora de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público en cursos de Impugnación Penal, Delincuencia Organizada y Argumentación Jurídica.

En el caso de Alexander Valverde Peña, trabaja en el Poder Judicial desde el año 2006, en donde se ha desempeñado en la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios como asistente jurídico, en la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios y la Fiscalía General como Fiscal Auxiliar, además de Fiscal Coordinador, en la Sección de Financiamiento de Partidos Políticos en esta última, en el 2017 asumió como Fiscal Coordinador en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y desde octubre de 2022, labora como Fiscal Coordinador en la Fiscalía General de la República.

Valverde Peña es Licenciado en Derecho, con Licenciatura de Honor de la Universidad de Costa Rica, es egresado de la Especialidad en Derecho Notarial y Registral también de la Universidad de Costa Rica y cursa el Doctorado en Derecho Penal en la Universidad Escuela Libre de Derecho, ha impartido múltiples conferencias de temas como: “Política de persecución penal costarricense en materia electoral y proceso penal”, “Seminario internacional sobre la evolución y retos de la procuración e impartición de la justicia penal electoral en América Latina”, “Delincuencia electoral y financiamiento ilegal de partidos políticos”, “Experiencias exitosas de casos de investigación sobre financiamiento electoral ilícito en Latinoamérica: la importancia de transparentar los partidos políticos” y “Delincuencia económica”, conferencias realizadas dentro y fuera del país, además de publicar artículos y ejercer labores de docencia.

Para finalizar, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas mencionó que la Sala de Casación Penal debe necesariamente asumir un rol preponderante en la discusión de estos temas relevantes de la jurisdicción penal costarricense, por lo que este tipo de discusiones deben agendarse con mayor frecuencia. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una figura novedosa en nuestro sistema y la Sala ha querido aprovechar la experiencia española y la experiencia de nuestro Ministerio Público en la tramitación de estas causas” señaló.

La actividad se desarrolló en el Salón del Servidor Judicial del edificio de la Corte Suprema de Justicia y contó además con la presencia del magistrado Jesús Ramírez Quirós, magistrados y magistradas suplentes, letrados y letradas de la Sala de Casación Penal y diferentes actores de la jurisdicción penal.

Nota de prensa tomada de Poder Judicial Hoy, 15 de diciembre de 2022

Avanza proceso de construcción de Política Integral Institucional de Resolución Alterna de Conflictos

Presentan resultados de Diagnóstico "Resolución alternativa de conflictos en el Poder Judicial: su situación actual ante la construcción de la Política Institucional"

El Poder Judicial trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, desde el proceso de construcción de una política integral institucional, que hoy presentó los resultados del Diagnóstico "Resolución alternativa de conflictos en el Poder Judicial: su situación actual ante la construcción de la Política Institucional".

El magistrado de la Sala de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, destacó este primer paso que muestra la importancia de fortalecer la aplicación de los mecanismos alternos para solucionar los procesos judiciales que así lo permitan y superar el 4,88% de asuntos resueltos por estas vías, durante el 2021.

“Si podemos restablecer la paz social y la resolución del conflicto, ganamos como país, fortalecemos la democracia. Lograremos solucionar los conflictos en un promedio de tres meses y con un costo muchísimo menor para la administración de justicia. Solucionar el conflicto de manera pacífica permite al Poder Judicial invertir mayores recursos, en aquellos conflictos que por ley no permiten la resolución alterna de conflictos. Este es un primer paso y vamos hacia la construcción de una herramienta y esperamos que todos los sectores del Poder Judicial y fuera de este, nos apoyen en este trabajo, porque este es un tema país”, destacó Alfaro Vargas.

En esta actividad se contó con la participación de las personas que integran la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos, instancia rectora que impulsa la construcción de esta Política. En su intervención la Magistrada de Sala Primera, Rocío Rojas Morales, afirmó que esta Política es un esfuerzo institucional por reconocer el principio constitucional de la resolución alternativa como un derecho humano fundamental de las personas para resolver sus conflictos. Asimismo, la Magistrada de la Sala Constitucional, Anamari Garro Vargas, en sus palabras invitó a las personas a poder utilizar los servicios que brinda el Centro de Conciliación de manera integral, oportuna y rápida, aportando a su vez al efecto social de la recuperación del diálogo y la construcción de una cultura de paz.

Más de 900 personas formaron parte en la construcción de dicho diagnóstico, con la colaboración de los tres ámbitos judiciales: administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia. En este proceso se ha procurado garantizar la participación ciudadana, interinstitucional e institucional desde el inicio de la creación de la política y se espera contar con la misma durante todas sus etapas.

El juez coordinador del Centro de Conciliación del Poder Judicial, Jairo Duarte Acuña, destacó que actualmente se cuenta a nivel nacional con 16 jueces y juezas especialistas en conciliación, con 10 sedes en todo el país con presencia en Puntarenas, San Carlos, Alajuela, San Ramón, Guápiles, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Golfito, Pococí y San José.

“Debemos seguir creciendo, porque la capacidad de estos jueces y juezas tiene que proyectarse. Darle al usuario esta oportunidad de un verdadero espacio de intentar solucionar sus conflictos, explicarles que tienen esa posibilidad, darles las ventajas y que tomen una decisión informada, libre, espontánea y sin coacción. Parte de la iniciativa en la construcción de esta política se enfoca en que el Poder Judicial es y debe ser un pilar de la promoción de la paz social y podamos tomar en cuenta el nuevo rumbo que debe tomar la institución con el fortalecimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos”, puntualizó Duarte Acuña.

Solo en el 2021, el Centro de Conciliación del Poder Judicial tramitó un total de 11191 causas judiciales, en las diferentes materias jurisdiccionales.

El documento del diagnóstico situacional puede descargarse en el siguiente enlace: https://rac.poder-judicial.go.cr/index.php/politica-rac

Tomado de Poder Judicial Hoy

06 de diciembre, 2022

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