Vicepresidenta de la Corte participa en inauguración de taller regional sobre Delitos Cibernéticos
Actividad académica dirigida a los administradores de justicia del área penal
La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro participó este miércoles 24 de abril, en la inauguración de un taller regional para jueces y juezas sobres delitos cibernéticos.
“Este fenómeno delictivo que se encuentra asociado a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, aunque no es de reciente data, sin duda alguna plantea un reto por su constante evolución en forma exponencial”; señaló la magistrada Patricia Solano.
“Hoy inicia una fase formativa para ampliar nuestras habilidades en el combate eficaz de esta delincuencia, mediante el abordaje de aspectos operativos y sustantivos del delito, a cargo de personas profesionales expertas en la materia, y quienes nos trasmitirán conocimientos, entre otros, sobre la herramienta de internet, su uso, las tecnologías y cómo a través de ellas se puede cometer un delito y cómo llegar a demostrarlo”, agregó Solano Castro quien destacó el compromiso y voluntad del Poder Judicial en apoyar este tipo de iniciativas, con el fin de lograr un sistema judicial robusto y eficaz en la investigación y persecución penal de estos delitos.
La inauguración contó con la participación del Director del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, Jorge García González y la abogada principal de la Sección de delitos informáticos y propiedad intelectual del Departamento de Justicia de los Estados Undiso, Mysti Degani.
El “Taller regional sobre pruebas electrónicas y delitos cibernéticos” tiene como finalidad dotar a los administradores de justicia de herramientas que les permita comprender el fenómeno de la ciberdelincuencia, debido a que es una modalidad criminal que ha ganado auge en los últimos años.
El mismo cuenta con expositores especialistas en la materia destacados en la Corte Federal de la República de Argentina, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA; quienes abordarán temas tales como: el internet para los jueces, el delito cibernético, tipificación del delito, el análisis probatorio, desafíos actuales, entre otros.
La actividad académica es promovida por la OEA con el apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Penal y se llevará a cabo durante los días 24, 25 y 26 de abril.
Corte emite criterio sobre responsabilidad penal de personas jurídicas
09 Abril 2019
• Proyecto de ley se tramita en la Asamblea Legislativa
En atención a la consulta legislativa sobre el proyecto de ley “Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, expediente legislativo Nº 21.248, los magistrados y magistradas que integran Corte Plena emitieron el criterio respectivo.
El estudio del texto estuvo a cargo del magistrado instructor, Jesús Ramírez Quirós.
Por mayoría, el criterio judicial determinó que “…el contenido y propuesta de la presente iniciativa legal, conforme al artículo 167 de la Constitución Política, sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial”.
Esto por cuanto en el análisis judicial, se aumenta la competencia de los órganos jurisdiccionales, que conocerán de hechos vinculados con nuevas figuras delictivas y la modificación de otros ilícitos e incluye un incremento de las labores que le corresponden al Ministerio Público y a la Defensa Pública, a la cual se le encarga de ejercer la representación legal como curador procesal de la persona jurídica (art. 19).
El informe de Corte recalcó que la propuesta es de amplio interés, pues dota de nuevas herramientas para regular el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, sin embargo “…no se puede obviar que se recargan obligaciones al Poder Judicial, no contempladas presupuestariamente, situación que se ve afectada en razón de las limitaciones de contenido económico que tenemos como Poder de la República, circunstancia que no puede soslayarse”.
Además se concluyó que la iniciativa de ley responde al ajuste del ordenamiento jurídico de Costa Rica a los requerimientos internacionales de la lucha contra la corrupción.
El criterio judicial indica que el proyecto regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y los otros delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Ley Nº 8422, y demás ilícitos no contemplados en la iniciativa de ley. Además, contiene el procedimiento para investigar y establecer dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones correspondientes, la prevención del delito, entre otros aspectos.
El acuerdo de Corte Plena se tomó por mayoría de nueve votos y acordó “…Tener por rendido el informe del Magistrado Ramírez y hacerlo de conocimiento de la Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos, para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de la Asamblea Legislativa, en respuesta a la consulta formulada, con la indicación expresa de que el proyecto de ley consultado, sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Así votaron los magistrados y las magistradas Rojas, Olaso, Varela, Sánchez, Aguirre, Chacón, el Suplente y los y las suplentes Aragón Cambronero, Alfaro Vargas, López Madrigal”.
Los magistrados Castillo, Rueda, Hernández, Salazar Alvarado, Araya y la suplente Esquivel Rodríguez se abstienen de votar.
