Magistrado Dr. Álvaro Burgos Mata participa en “Encuentro Interamericano de Justicia Integral para Adolescentes”

 

  • Actividad tiene como finalidad la conmemoración de los 31 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño.

 

El Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Dr. Álvaro Burgos Mata, formó parte del acto inaugural del “Encuentro Interamericano de Justicia Integral para Adolescentes”, auspiciado por Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande de América.

 

El acto se realizó el pasado miércoles 18 de noviembre de manera virtual y contó con la participación de personas expertas en la materia de diferentes países como Colombia, El Salvador, Brasil, Paraguay, Argentina y Costa Rica y se da como parte de la conmemoración de los 31 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus 30 años de entrada en vigor.

 

Para el Magistrado de la Sala de Casación Penal, esta actividad tiene una connotación muy particular, ya que su participación se da como Coordinador de la Comisión Penal Juvenil del Poder Judicial de Costa Rica, encargada de la tutela de los derechos de las personas menores de edad en conflicto con la ley.

 

Este va a ser un intercambio muy rico y para nosotros es un honor que Costa Rica, como es costumbre en la materia penal juvenil, participe como un país de vanguardia, que a través de los años ha sido un baluarte internacional y que ha proyectado su doctrina y su jurisprudencia allende nuestras fronteras, ondeando nuestra bandera académicamente, especialmente para estos fines de la jurisdicción penal juvenil en donde no hay duda alguna que a nivel iberoamericano y más allá, se nos reconoce a nosotros como una de las naciones que siempre ha tenido un alto estándar de aplicación de la defensa de los derechos humanos para las personas menores de edad, tanto víctimas como victimarios” mencionó Burgos Mata.

 

Cabe destacar, que recientemente el Dr. Álvaro Burgos Mata fue incorporado al claustro de profesores honoríficos de la UNAM, por medio de la Facultad de Derecho y el Colegio de Profesores de Derecho Penal, como reconocimiento a su trayectoria académica y profesional en su experticia en la materia penal juvenil.

 

 

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional

Sección de Prensa

19 de noviembre, 2020

Autoridades Judicial alertan

 

Preocupa afectación de sistema de justicia penal ante saturación de celdas judiciales

 

  • Solicitan a autoridades de Ministerio de Justicia acciones más efectivas

 

La suspensión de juicios y audiencias penales, por la falta de espacios en celdas judiciales y las condiciones no aptas de estos espacios para la permanencia por más de 72 horas de personas privadas de libertad, fueron  aspectos que alertaron las autoridades judiciales y por ello, solicitaron una respuesta efectiva al Ministerio de Justicia Paz que tiene a su cargo la administración penitenciaria.

 

Así lo dieron a conocer en conferencia la Presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro,  los magistrados Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Román Solís Zelaya, de la Comisión de Enlace Corte-OIJ y el Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza Espinoza.

 

La Presidenta a.i de la Corte, Patricia Solano Castro enfatizó que el Poder Judicial debe tutelar los derechos de las personas privadas de libertad y de las personas víctimas dentro de los procesos penales, quienes esperan una respuesta, esto por cuanto en este momento las celdas judiciales registran 179 personas pendientes de ser trasladadas a los centros penitenciarios  del  Ministerio de Justicia.

 

“La principal preocupación de este Poder de la República es que pese a las reuniones y llamamientos con las autoridades del Ministerio de Justicia para darle una solución al problema, al día de hoy no tenemos una respuesta que satisfaga las necesidades de las personas usuarias, quienes están detenidas y de quienes esperan la solución de sus conflictos y esto nos puede llevar a un colapso porque tenemos todas las celdas judiciales casi ocupadas”, puntualizó Solano Castro.

 

Señaló que ya comienzan a registrarse suspensión de juicios por el estado actual de las celdas judiciales, donde solo en San José ya se han suspendido 29 debates y una situación similar ocurre en todo el país.

 

Recalcó que el Poder Judicial no desconoce con este llamado, el problema de hacinamiento carcelario ni las órdenes de cierre ordenadas por los Juzgados de Ejecución de la Pena; sin embargo ese es un tema de vieja data que en el contexto de la situación actual, la administración penitenciaria debe encontrar las soluciones porque son parte de sus funciones legales.

 

Por su parte el  Director del OIJ, Walter Espinoza Espinoza explicó que de las 179 personas pendientes de ser trasladados a centros penitenciarios, 94 de ellas suman más de 5 días en celdas y 75 tienen dos semanas de cumplir las medidas cautelares impuesta en celdas judiciales.

 

“Las autoridades policiales continuamos ejecutando acciones, realizando operativos, ejecutando allanamientos y la sociedad requiere y necesita que en determinadas circunstancias haya actuación de la ley y ejecución de detenciones. Al acortarse la capacidad de las celdas judiciales el sistema comienza a colapsar porque no se podrá recibir a las personas para que acudan a las instancias jurisdiccionales”, puntualizó Espinoza Espinoza.

 

El jerarca del OIJ afirmó que también media un tema de violación de garantías fundamentales de quienes permanecen en celdas judiciales, de dignidad humana que se ve afectada y que desde el organismo, se han tomado las medidas para tratar de darle condiciones humanas y dignas, “…pero la situación nos sobrepasa y es muy difícil cubrir todas las necesidades, pues la permanencia de las personas privadas de libertad en celdas judiciales son temporales”, afirmó.

 

En criterio del jerarca policial “ la situación debe abordarse de manera inmediata para que el sistema de administración de justicia funcione como corresponde y para que las personas que se encuentren en nuestras celdas tengan las posibilidades de tener un entorno que respete las garantías básicas y mínimas como seres humanos”.

 

Fuente: Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional

29 Setiembre de 2020.

 

 

 

 

Magistrado expone sobre modelo de Justicia Restaurativa en foro internacional

 

  • En el Procedimiento de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial en tiempos de COVID-19.

El Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Señor Gerardo Rubén Alfaro Vargas participó en un seminario virtual donde se compartieron buenas prácticas e información sobre el tratamiento como alternativa al encarcelamiento, para las personas en conflicto con la ley con trastornos por consumo de drogas y su continuidad.

El Magistrado Alfaro Vargas, expuso a las personas participantes de diferentes países de América y África, la experiencia de Costa Rica desde el Procedimiento de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial Restaurativa en tiempos de COVID-19; ponencia de gran interés para el foro.

Al estar enmarcado dentro de Justicia Restaurativa, explicó el Magistrado, el Procedimiento de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial, es un abordaje interdisciplinario que desde el Poder Judicial se brinda con la participación de la persona fiscal, la defensa técnica, el equipo psicosocial y la persona juzgadora, con el apoyo del componente salud a cargo del equipo interdisciplinario del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) conformado por un médico general, una persona profesional en psicología y otra en trabajo social, sin dejar de lado las organizaciones civiles sin fines de lucro.

“Desde el ingreso del proceso, hasta la realización de la audiencia de Reunión Restaurativa y la resolución de la persona juzgadora que impone la salida alterna de conciliación o suspensión de proceso a prueba, se debe de cumplir con el plazo de un mes. La cercanía entre el inicio del abordaje integral y la resolución permiten tomar las acciones más adecuadas para la reparación del daño a la víctima, pero también para la recuperación de la persona ofensora con problemas de consumo de drogas; sin olvidar que el contenido de la sanción o de la medida alterna debe ser proporcional a los hechos penales que se investigan”, señaló el Magistrado. 

Puntualizó que posterior a la resolución judicial, durante el cumplimiento de las condiciones, se tiene un seguimiento bajo el principio de alto apoyo y alto control, que conlleva una revisión periódica, de las condiciones a cumplir por parte de la persona ofensora y una comunicación constante entre el equipo del Poder Judicial y del IAFA.

Al finalizar, compartió un testimonio de éxito de una de las personas usuarias, que sin duda, motiva a continuar con la ruptura del paradigma de un proceso sancionador a uno restaurativo para una justicia integral.

Este seminario virtual se dirigió a expertos y responsables institucionales que trabajan en el campo de la justicia y la salud.  Organizado por La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (SE-CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Comisión de la Unión Africana (UAC, por sus siglas en inglés).

 

Fuente: Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Sección de Prensa.

18 de setiembre, 2020.

 

 

Comisión de Ciberdelincuencia y Ciberseguridad

 

Inicia plan de trabajo en promoción de Política de Seguridad de la Información

 

 

Con el objetivo de ejecutar la ruta de trabajo para la divulgación de la Política de Seguridad de la Información, la Comisión de Ciberdelincuencia y Ciberseguridad se reunió el pasado miércoles 16 de setiembre con representantes del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

 

La actividad contó con la participación de la Magistrada de la Sala de Casación Penal y Coordinadora de dicha Comisión, Sandra Zúñiga Morales, quien resaltó la importancia de este encuentro como parte de los esfuerzos realizados para dar a conocer esta política.

 

La Magistrada externó la importancia de una campaña de divulgación de la Política, para que la población judicial tenga conocimiento sobre el adecuado uso y manejo de la información cibernética, así como sus riesgos, esto se da como parte de la aprobación de Corte Plena de una ficha técnica que define las iniciativas de ciberseguridad en el Poder Judicial, propuestas por la Comisión mencionada.

 

En la reunión se presentaron las ideas y propuestas para la creación de la campaña de divulgación, ya que la Política cobra gran relevancia en las circunstancias actuales, en donde las personas utilizan más los medios tecnológicos para realizar sus labores, por lo que se requiere una campaña fuerte y que se mantenga vigente con el tiempo.

 

Aspectos claves como la definición del público meta, las diferentes etapas de trabajo, así como el apoyo de las personas que tienen conocimiento en el tema para elaborar el producto, fueron parte de los temas analizados.

 

Martín Hernández Serrano, de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, destacó que se trabaja en un curso de capacitación para crear conciencia sobre este tema, el cual se pretende sea aplicado por la Dirección de Gestión Humana y que se aplique al personal de primer ingreso y para quienes ya laboran en la institución para actualizar su conocimiento.

 

En ese mismo sentido, Gezer Ramiro Molina Colomer, de la DTIC, resaltó que se ha dado un aumento en los ataques cibernéticos, que incrementa la necesidad de crear herramientas para contrarrestar estos ataques. El curso se encuentra en etapa de plan piloto.

 

El encuentro contó también con la participación del Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, así como el señor Erick Lewis Hernández también del OIJ, además del Letrado de la Sala de Casación Penal, Frank Harbottle Quirós y personal del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

 

 Fuente: Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Sección de Prensa.

18 de setiembre 2020.

 

Corte Plena aprueba construir la Política Institucional Anticorrupción

 

  • Propuesta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial.

 El aseguramiento del valor del servicio de administración de justicia y de idoneidad y probidad en la función pública son los temas estratégicos en los que se fundamenta la solicitud para la construcción de la “Política Anticorrupción, una propuesta en cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales 2019-2024”, que aprobó la Corte Plena.

 El acuerdo para el desarrollo de esta política institucional dentro del quehacer del Poder Judicial, se tomó en la sesión del pasado 7 de setiembre de 2020.

 La construcción de la estrategia institucional anticorrupción está a cargo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, bajo la coordinación de la magistrada y Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro.

 “La propuesta desde la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, constituye un componente fundamental para la continuidad de la materialización del conjunto de acciones afirmativas que el Poder Judicial ha realizado en el marco de la lucha contra el fraude y la penetración de la corrupción dentro de la institución”, destacó la Vicepresidenta de la Corte.

 La exposición del documento estuvo a cargo de Kenia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento.

“Es una política de interés institucional y social para la integridad e independencia judicial.  Se enmarca dentro del compromiso público del deber de probidad como valor del servicio de administración de justicia, transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad en la toma de decisiones que afecta a las personas usuarias y partes interesadas físicas o jurídicas que interactúan con la institución”, puntualizó Kenia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento. 

Como tema estratégico desarrollará el compromiso marco de lucha contra la corrupción interna de toda su población judicial así como su relación con las diversas partes interesadas.  Está basada en la probidad en la justicia, y tendrá como objetivo el fortalecimiento de la confianza y el valor del servicio de la administración de justicia hacia y para la sociedad. Para su cumplimiento se definieron cinco acciones estratégicas en transparencia y rendición de cuentas, probidad y anticorrupción, colaboración interna y externa, comunicación y proyección institucional y participación ciudadana.

Se destaca que la Política Institucional Anticorrupción se alinea a los principios axiológicos, éticos-legales y estratégicos Institucionales 2019-2024 del Poder Judicial, con los acuerdos de Corte Plena que priorizan y declaran de interés institucional la generación de estrategias internas para la lucha contra la penetración de la corrupción dentro de la organización y su divulgación y sensibilización en beneficio de las personas usuarias.

Además, la política institucional se suma al compromiso adquirido por el Poder Judicial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, específicamente en el objetivo 16 de Paz, Justicia e instituciones sólidas.

Fuente: Poder Judicial Hoy, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

17 de Setiembre 2020.

 

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