• Actividades iniciaron desde el mes de enero de manera virtual.

En el marco del desarrollo de un espacio de análisis y construcción colectiva en torno a la vinculación de personas menores de edad con el fenómeno del crimen organizado desde diversos ejes temáticos, se desarrolló el pasado viernes 20 de marzo la sesión final del taller: “Personas menores de edad y crimen organizado: retos de la justicia”.

Dicha actividad, fue organizada por la Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil y la Escuela Judicial Lic. Edgar Cervantes Villalta y tuvo como objetivo durante sus cuatro sesiones virtuales y esta actividad presencial, identificar los principales desafíos que enfrenta la jurisdicción Penal Juvenil y aportar insumos para la formulación de propuestas de posibles reformas legislativas respetuosas del principio de especialidad y orientadas a la protección, formación integral y reinserción social de la población menor de edad.

Para la magistrada de la Sala de Casación Penal y quien lidera esta Comisión, Patricia Vargas González, este ejercicio institucional se reviste de gran importancia, ya que se trabaja con los jueces y juezas de los diferentes juzgados penales juveniles del país, quienes son los que conocen la materia a diario y tienen mejor criterio para detectar posibles oportunidades de mejora en torno a la aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil.

“Este es un estudio que se hace a partir de la jurisdicción Penal Juvenil, por jueces y juezas penales juveniles, que examinan desde su práctica, los casos de delincuencia organizada y su juzgamiento, utilizando las herramientas de la Ley de Justicia Penal Juvenil, de manera que tienen mayores insumos para establecer si la normativa es suficiente para enfrentar estos fenómenos o si se requieren algunos ajustes, que puedan proponerse desde el Poder Judicial a modo de reformas legislativas”, señaló Vargas González.

Cabe destacar, que, la respuesta de las personas juzgadoras en materia penal juvenil a este llamado ha sido muy positiva y ha tenido una amplia participación de las personas involucradas.

“Estamos planteando un Poder Judicial proactivo, frente a la necesidad de cambios en caso de que sean necesarios, de manera que sean quienes trabajan todos los días con la ley y que tienen mejores elementos para valorar lo que existe y sus necesidades, los que establezcan esas posibilidades de mejora”, finalizó la Magistrada.

Esta sesión presencial contó con dos ejercicios de mesas de trabajo, la primera enfocada en la etapa de investigación y persecución penal, con especial énfasis en los desafíos normativos, institucionales y prácticos que enfrenta el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público frente a los casos que involucran personas menores en contextos de delincuencia organizada y la segunda orientada al juzgamiento de los casos que involucren personas menores de edad vinculadas a dinámicas de criminalidad organizada, de las cuales se brindó un espacio para sacar las conclusiones finales del ejercicio.

La actividad de cierre se desarrolló en el Salón Multiusos de la Corte Suprema de Justicia.