Poder Judicial comprometido con garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas
Garantizar el derecho de acceso a la justicia con independencia a la condición migratoria y fomentar una cultura institucional de respeto a los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y apátridas es el objetivo del Poder Judicial de Costa Rica asumido mediante la Política de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada desde el año 2010.
Resultados obtenidos gracias al examen crítico sobre la implementación de esta política realizado por el Programa Estado de la Nación fueron objeto de análisis y definición de rutas de trabajo en el marco de una sesión ampliada de la Subcomisión encargada de este tema dentro del Poder Judicial.
El estudio, le cual forma parte del Informe del Estado de la Justicia 2025, fue presentado por la investigadora del Estado de la Nación, Evelyn Villareal Fernández, quien señaló los hallazgos más significativos, los cuales se relacionan con la necesidad de actualizar las directrices institucionales para adecuarlas el contexto migratorio actual, fortalecer la capacitación del personal judicial y generar diversos mecanismos de información y divulgación interna y externa.
Personas integrantes de la Subcomisión, funcionariado judicial, de otras instituciones públicas, representación de organismos internacionales y de sociedad civil, se organizaron en mesas de trabajo para definir prioridades, valorar propuestas y evaluar recursos disponibles a partir de la información entregada por este informe.
Entre los primeros pasos en seguimiento a este trabajo, asumido por la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada, se encuentra iniciar el proceso para la actualización de las directrices para el acceso efectivo a la justicia de la población migrante, refugiada y apátrida.
En esta actividad participó el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, en calidad de Coordinador de la Subcomisión, además de representantes de la Dirección Ejecutiva, Escuela Judicial, Defensa Pública, Ministerio Público, Contraloría de Servicios del Poder Judicial, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Tribunal Administrativo Migratorio, Dirección General de Migración, así como organizaciones de sociedad civil defensoras de los derechos de personas migrantes como Funpadem, Cenderos, Limpal, Astradomes, HIAS y Servicio Jesuita para Migrantes.
Para más información sobre el trabajo de la Subcomisión se puede escribir a
Noticia tomada de Poder Judicial Hoy 1-de abril de 2024
